El Gobierno Vasco destinará 128 millones de euros para favorecer la reinserción de los delincuentes juvenilesJavier Etxezarreta
A día de hoy, Euskadi presenta una incidencia de delincuencia juvenil ligeramente superior a la media (12,5 delitos por cada 1.000 habitantes), pero destaca por tener uno de los índices de reinserción más altos de todo el Estado. Desde 2021 se ha rebajado esa tasa del 13 % al 11 %; es decir, 9 de cada 10 menores no vuelven a delinquir. Además, las mediaciones (reflexionar sobre el daño causado, pedir perdón a la víctima o realizar trabajos comunitarios) tienen un nivel de éxito del 73%. El perfil mayoritario del delincuente juvenil es el de un varón de 16-17 años, nacido en Euskadi y sin antecedentes, que comete hurtos, lesiones o violencia familiar. Suelen enfrentar fracaso escolar o situaciones familiares complejas al sentarse en el banquillo de los acusados. El 28 % de los delitos son cometidos por extranjeros que, pese a las dificultades de arraigo o idioma, presentan tasas de éxito en la reinserción similares a la media gracias a los pisos tutelados y al acompañamiento de educadores especializados.
Prevenir que los chavales de 14 a 18 años transgredan la ley es junto con su reinserción uno de los ejes estratégicos del VI Plan de Justicia Juvenil de la CAPV (2025-2029) aprobado por el Consejo de Gobierno. El otro es aplicar la justicia restaurativa que, más allá de la sanción o el internamiento, busca reparar el daño causado involucrando directamente a la víctima, al delincuente y, a veces, a toda una comunidad. No en vano, el menor no es un agente aislado, sino el resultado del entorno que lo rodea. Por tanto, la sociedad falla cuando los mecanismos primarios de apoyo colapsan.
La desestructuración familiar, la falta de recursos o un sistema educativo que no logra integrar a quienes tienen dificultades de aprendizaje crean un caldo de cultivo para la exclusión. Por eso, el nuevo plan pretende incidir —con la intervención de distintas instituciones— en los factores de riesgo que desencadenan este tipo de comportamientos, como la influencia de las nuevas tecnologías, el consumo de sustancias, el aumento de problemas de salud mental, la falta de educación sexual y ocio estructurado o la precariedad familiar. Evidentemente, la otra pata del sistema son los programas de reinserción.
Existen los clásicos centros de internamiento para los delitos más graves, como el de Ibaiondo (Zumarraga). Pero hay otros programas como Hurbiltzen, diseñado específicamente para menores que han cometido delitos de violencia filio-parental. Ekilore ofrece pisos tutelados y acompañamiento para que aprendan a vivir de forma independiente y busquen empleo; y Suspertu se centra en la prevención y tratamiento de adicciones. En cuanto a la formación laboral, existen talleres de inserción y convenios con empresas para que los menores realicen prácticas y obtengan titulaciones oficiales de FP mientras cumplen sus medidas judiciales.
Balance
- Delincuencia juvenil. Durante el periodo 2020-2024 se registraron 11.751 infracciones cometidas por menores, de las cuales 9.784 correspondieron a delitos —principalmente hurtos, lesiones y violencia doméstica y de género— y 1.967 a delitos leves. Como consecuencia, se aplicaron 3.611 medidas, de las cuales el 75% fueron de cumplimiento en medio abierto, destacando la libertad vigilada, los internamientos, las prestaciones en beneficio de la comunidad y las tareas socioeducativas. En el mismo periodo se dictaron 2.738 sentencias condenatorias, frente a 222 absolutorias. El perfil muestra que la mayoría son varones de 16 y 17 años nacidas en Euskadi.
- La evaluación muestra también la importancia de la justicia restaurativa. Durante el periodo, se realizaron 2.470 mediaciones, de las cuales el 73% tuvieron un resultado positivo. Se trata de un mecanismo que promueve la responsabilización, la reparación del daño y el compromiso personal de los y las menores.
Para todo ello, el VI plan prevé una inversión que supera los 128 millones de euros. El mayor esfuerzo económico se concentra en los centros educativos donde se ejecutan la sentencias: 100,7 millones de euros repartidos entre el centro público de alta intensidad Ibaiondo, con 43 millones, y los centros de gestión social, con otros 57,7 millones. A esta cifra se añaden 12,5 millones de euros para programas de medio abierto, que permiten trabajar con los jóvenes sin necesidad de internamiento, además de una partida de 14,7 millones centrada en la seguridad de estas instalaciones.
Según el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, el personal asignado al sistema justicia juvenil es muy elevado y se considera uno de los más potentes del Estado por la alta concentración de profesionales por cada menor. En el medio abierto se establece una ratio mínima de un profesional por cada quince jóvenes, aunque la realidad supera esa cifra con un equipo de veintinueve especialistas repartidos entre Bizkaia, Gipuzkoa y Araba para garantizar un seguimiento muy cercano. El caso más llamativo es el del centro Ibaiondo donde, para atender únicamente a treinta y nueve menores, hay desplegado un ejército de casi cien profesionales, incluyendo sesenta y cinco educadores, trece profesores, psicólogos y trabajadores sociales. Comparado con la media del Estado, esta dotación es superior ya que el modelo vasco invierte mucho más en equipos multidisciplinares para asegurar que cada joven tenga un tutor casi permanente, lo que explica que su tasa de reinserción sea una de las mejores. Esta estructura permite que no solo haya vigilancia, sino una intervención educativa constante.