El Gobierno español aprueba la regularización de migrantes que exige carecer de antecedentes

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto para la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de migrantes, un texto en el que se exige carecer de antecedentes penales "y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos".

Así lo ha explicado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien ha dejado claro que se trata de "un acto de coherencia ética y de justicia social" y "uno de los grandes hitos" de esta legislatura.

Los interesados en la regularización extraordinaria de migrantes que prevé aprobar este martes el Gobierno español podrán empezar a solicitarla a partir del 16 de abril de forma telemática y ese mismo día podrán pedir cita para hacerlo presencialmente, aunque no será hasta el día 20 cuando podrán acudir en persona a formalizar su petición.

Saiz, en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha celebrado esta medida porque convierte al Estado español en "un país mejor, que reconoce derechos en lugar de recortarlos". Si embrago, el Gobierno elimina la declaración responsable de la regularización de migrantes para acreditar ausencia de antecedentes.

Hasta el 30 de junio

El Consejo de Ministros aprobará este martes la regularización extraordinaria, está previsto su publicación este miércoles, 15 de abril, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y tendrá un plazo de dos meses y medio que finalizará el 30 de junio.

Sin embrago, el Gobierno ha eliminado del texto del Real Decreto la posibilidad de que los solicitantes acrediten ausencia de antecedentes penales mediante una declaración responsable cuando no puedan hacerlo por otra vía.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la negociación del texto, que en anteriores borradores sí incluía esta posibilidad, sin embargo, cuestionada por el Consejo de Estado en su dictamen de la norma.

Técnica "inadecuada" para un proceso "masivo"

En cualquier caso, el texto ya establecía la opción de que el propio Gobierno español solicite la información al país de origen si el interesado demuestra falta de respuesta por de ese tercer país.

Esta modificación por parte del Ejecutivo tiene lugar después de que el Consejo de Estado, en su dictamen, considerase que recurrir a la declaración es una técnica "inadecuada" para un proceso "masivo", ya que "permite relajar injustificadamente la diligencia que cabe razonablemente exigir a los beneficiarios de ese proceso y que abre la puerta a prácticas poco rigurosas e incluso irregulares en el cumplimiento de un requisito de carácter general exigido por la Ley Orgánica de Extranjería".

Cambio en el borrador

En el borrador del decreto, el Gobierno establecía que, con carácter excepcional, si el interesado acreditase haber solicitado el certificado de antecedentes penales de las autoridades del país de origen o de aquel donde hubiera residido durante los últimos cinco años, y hubiera transcurrido un mes sin haberlo recibido, el Ejecutivo español, previa solicitud al efecto, podría recabar la información necesaria directamente de la autoridad del país correspondientes.

Así, indicaba que, en caso de no recibir dicha información en el plazo de un mes, la Administración comunicaría esta circunstancia al interesado, que podría presentar declaración responsable de inexistencia de antecedentes penales. Esta última opción ya no será posible. Del mismo modo, en el nuevo texto se destaca la validez de pasaportes caducados para iniciar el proceso.

Requisitos

Saiz ha confirmado que los requisitos para beneficiarse de la regularización serán encontrarse en situación irregular, estar en España desde antes del pasado 1 de enero y haber acumulado cinco meses de residencia en el país de forma ininterrumpida.

La ministra ha asegurado que se trata de un procedimiento "absolutamente dimensionado", para lo que se han reforzado los equipos, y ha confirmado que será la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería, dependiente del Ministerio y con sede en Vigo, quien resuelva las peticiones.

Oficinas de la Seguridad Social y de Correos

Sin embargo, se habilitarán oficinas de la Seguridad Social y de Correos "a lo largo de todo el territorio" para recibir las solicitudes hasta el próximo 30 de junio, cuando se acaba el plazo, de modo que en dos meses y medio el Ejecutivo pueda dar respuesta a todas las peticiones "vengan las que vengan".

Asegura que "se han reforzado las plantillas para que se pueda dar respuesta a todas las solicitudes en tiempo y forma", ha indicado la ministra quien ha insistido en que será un proceso "eficaz". Ha reconocido, asimismo, el "trabajo ingente de los ministerios implicados, de la cantidad de personas y funcionarios que se van a dejar la piel para que este procedimiento esté a la altura de la grandísima noticia que hoy está en marcha".

Advertencia contra los bulos

Ha asegurado, asimismo, que en la página web del Ministerio se colgará un manual con preguntas y respuestas y se informará de horarios de oficinas. Además, las personas interesadas podrán obtener información a través de las más de 200 entidades colaboradoras en materia de extranjería y "tendrán capilaridad para llegar a dar toda la información oficial".

Ha advertido, asimismo, de los bulos y ha pedido que se recurra siempre a información contrastada. "Hemos visto muchas personas interesadas en desinformar, en lanzar mensajes de miedo que lo que hacen es confundir a la población y hay bulos en las redes, por eso pido que la información sea siempre contrastadas", ha incidido la titular de Migraciones.

Lo apátridas y huidos de la guerra en Ucrania

Sobre uno de los últimos aspectos que han cambiado respecto al borrador inicial a raíz del dictamen del Consejo de Estado, Saiz ha confirmado que los solicitantes del estatuto de apátrida no podrán beneficiarse de la regularización ya que, ha defendido, estos no se encuentran en situación irregular y disponen de un estatuto específico en base a su situación.

En concreto, respecto a los saharuis, que no están incluidas en la regularización, Saiz ha precisado que éstas "no están en situación irregular" y ha defendido la necesidad de "no solapar procedimientos".

Lo que no significa, ha precisado, que haya "desprotección" o se vaya a dar la espalda a este colectivo, al igual que el proceso que se aprueba este martes no está dirigido a los ciudadanos ucranianos que huyeron de la guerra porque estos cuentan con el mecanismo de protección temporal.

Respecto a la oposición del PP y del Junts a la regularización, ha centrado sus críticas en los populares a los que ha acusado de ser el Partido Popular "más desubicado de la historia". "Hace años dieron luz verde a esta iniciativa legislativa y estamos viendo como, en giro incomprensible, están cuestionando el procedimiento y han ido llevando al Congreso iniciativas para eliminar herramientas tan importantes como el arraigo".