La Ley de Movilidad Sostenible se reactivará la semana próxima, pese a las exigencias de Podemos y Sumar
La Cámara habilitó julio para intentar aprobar una norma pendiente desde la legislatura pasada, pero no hubo avances
El Congreso reactivará la semana que viene la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible, un proyecto que encalló en junio por la tensión política derivada del caso 'Koldo' y las reticencias que Podemos al texto que todavía sigue manteniendo.
Será el próximo martes, 23 de septiembre, cuando se reúna la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible encargada de examinar el proyecto del Gobierno, según han confirmado fuentes parlamentarias a Europa Press.
En el anterior periodo de sesiones, la norma llegó a superar en el Congreso el trámite en ponencia, que es una de las primeras fases parlamentarias en la que los grupos se reúnen a puerta cerrada para introducir los primeros cambios legislativos mediante enmiendas al articulado.
Lo habitual es que esta fase se resuelva en una reunión, pero la gran cantidad de enmiendas registradas al texto y las diferencias de los grupos obligaron a realizar hasta tres convocatorias, que se resolvieron con más 130 enmiendas introducidas al texto.
Una de las medidas más relevantes que se introdujeron en ese trámite es una reforma auspiciada por Sumar para que el nuevo mapa concesional estatal de paradas de autobuses sea pactado con las comunidades autónomas y que, en las paradas que se supriman, sea el Estado quien les compense económicamente.
Comisión desconvocada por la tensión política
Sin embargo, la Comisión de Transportes que iba a debatir el 18 de junio el proyecto de ley, fue desconvocada a última hora por el clima de tensión política acrecentado por las informaciones que implicaban a los exsecretarios de organización del PSOESantos Cerdán y José Luis Ábalos, en presuntos casos de corrupción y por las reticencias de Podemos al proyecto.
Después de desconvocar la comisión en junio, el Gobierno pidió al Congreso celebrar cuantas sesiones extraordinarias fueran necesarias en julio para aprobar la ley que lleva pendiente desde la legislatura pasada y de la que dependen el desembolso de fondos europeos, pero finalmente no se convocó ninguna. .
Pese a haber dejado pasar algo de tiempo, Podemos sigue mostrando su reticencia a apoyar el textoy para contemplar un apoyo a la iniciativa la formación morada ha pedido al Gobierno paralizar las ampliaciones del Puerto de Valencia y el aeropuerto de El Prat.
Proyecto de "mínimos"
Aunque el partido morado no está presente en la Comisión de Transportes, pues el voto del Grupo Mixto aquí lo atesora el BNG, sus votos serán decisivos en la votación del Pleno. El secretario de Organización y corportavoz de Podemos, Pablo Fernández, dijo este lunes que el partido no está en condiciones de dar su apoyo al texto porque es un proyecto "de mínimos" ante una cuestión que requiere la "máxima ambición" como es la lucha contra el cambio climático.
"Si el Gobierno de España quiere los votos de Podemos, tiene que paralizarse de inmediato la ampliación del Puerto de Valencia y también la ampliación del aeropuerto del Prat", sentenció Fernández en una rueda de prensa el lunes.
Pendiente desde la pasada legislatura
La norma viene de la legislatura pasada, cuando se aprobó en Consejo de Ministros y llegó a desembarcar en el Congreso para iniciar su trámite parlamentario. Sin embargo, el adelanto electoral del pasado año y la consecuente disolución de las Cortes no permitió completar su tramitación.
En este escenario, el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, recuperó el mismo texto que comenzó a tramitarse en la legislatura pasada y se comprometió a que entrara en vigor antes de que finalizara 2024. Sin embargo, la difícil aritmética parlamentaria del Congreso ralentizaron los planes del Gobierno y todavía está pendiente su aprobación.
Algunas de las medidas que incluye el texto es el compromiso del Gobierno para hacer un estudio con el que revisará las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT), de modo que en estas se incluyan las emisiones de dióxido de carbono (CO2) como criterio adicional. A su vez, el texto recoge una medida, auspiciada por Junts, para conceder beneficios fiscales al Mobile World Congres (MWC) para mantener su celebración en Barcelona.
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