Villarejo insiste en que se le investigó de forma prospectiva para juzgarlo también por el encargo sobre Martinsa-Fadesa

La defensa del comisario jubilado José Manuel Villarejo ha asegurado este lunes, en el arranque del juicio de la Audiencia Nacional en el que se sienta en el banquillo junto a su socio Rafael Redondo por el 'proyecto Saving', que ha padecido una "investigación prospectiva y general" –como en otras piezas– por el encargo por el que habría indagado desde su empresa privada posibles irregularidades en el concurso de acreedores de la constructora Martinsa-Fadesa.

En la fase de conclusiones previas, su abogado ha señalado que la investigación "es general porque no se puede deducir de una simple denuncia" sobre la pieza principal del 'caso Villarejo' que, con "vaga imprecisión", se refería a "otros encargos similares" para "ver cuáles otros encargos prospectivos podía haber cometido".

Y ha reprochado una "acusación sorpresiva" del delito de falsedad en documento mercantil, un argumento al que se ha sumado el abogado de Redondo. Ambos han sostenido que no se motivó de manera suficiente esa imputación, por lo que han alegado indefensión.

El fiscal ha rechazado que la investigación fuera prospectiva, ya que "desde el inicio constaba la existencia de otros encargos similares al denominado 'proyecto King' que se mencionaba en la denuncia, otros proyectos de investigación ejecutados por el encausado al tiempo en que se encontraba en servicio activo como comisario del Cuerpo Nacional de Policía".

"Por lo tanto, el 'proyecto Saving' no fue conocido en el curso de una investigación general o prospectiva, sino que fue conocido en el curso de una investigación amparada en sólidos indicios de la comisión de delito", ha subrayado.

La Fiscalía ha apuntado asimismo a la "manipulación de los conceptos de las facturas como un hecho investigado" durante la instrucción previa al juicio, en el que solicita 23 años y 6 meses de cárcel para el comisario jubilado por esta pieza de la causa, así como 18 años y 9 meses para su socio.

Además, los acusados han solicitado declarar después de practicada la prueba en el juicio, algo que el tribunal que les juzga ha aceptado sin oposición por parte de las acusaciones.

Anticorrupción considera que los hechos son constitutivos de los presuntos delitos de cohecho pasivo propio, descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros cometidos por funcionario público, descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros y falsedad en documento mercantil.

Y además de las penas de prisión para ambos, pide que Villarejo y Redondo indemnicen con 5.000 euros a cada uno de los espiados en concepto de responsabilidad civil. Apunta que de esas cantidades es responsable civil subsidiario la Administración General del Estado y, asimismo, entiende que procede el decomiso del medio millón de euros que abonó el empresario José Moya al Grupo CENYT por el encargo.

Compra y venta de acciones

Anticorrupción describe en su escrito de acusación, recogido por Europa Press, que fue en julio de 2011 cuando Moya contactó a través de terceras personas con el comisario "cuando se encontraba en servicio activo como comisario del Cuerpo Nacional de Policía" para que le ayudara a resolver el conflicto que, a cuenta de una inversión que había realizado, mantenía con la compañía Martinsa-Fadesa y con su entonces presidente Fernando Martín.

Según detalla, el problema partía de la adquisición por parte de Moya de acciones de Martinsa-Fadesa por importe superior a 100 millones de euros en 2007, lo que suponía el 5 % de la compañía.

Esa adquisición –añade– iba acompañada de un contrato de opción de venta que permitía a Moya recuperar, al menos parcialmente, la inversión realizada en la medida que se reservaba la opción de vender las acciones que había adquirido y que, en caso de ser ejercitada tal opción, habrían de ser compradas por la compañía Martinsa-Fadesa y por su presidente.

Sin embargo, aunque ejercitada, "la opción de venta no pudo hacerse efectiva al declararse el concurso de Martinsa-Fadesa en julio de 2008, sin que, además, por la administración concursal se tuviera conocimiento de dicho contrato de opción de venta, iniciándose entonces el conflicto que enfrentó al propio Moya Sanabria con la compañía y con su presidente", incide el escrito.

Fue entonces, según el fiscal, cuando el accionista habría contratado a Villarejo para encomendarle investigar "posibles irregularidades que sospechaba se habían producido en el procedimiento concursal de Martinsa-Fadesa" y cuyo conocimiento podría utilizar en una eventual negociación para recuperar la inversión.

Detalla que Villarejo asumió el encargo "a través del complejo entramado societario del que era titular real denominado Grupo CENYT" y especifica que fue uno de los varios encargos investigados, por lo que no se trata de un "hecho aislado".

"La organización criminal investigada estaba integrada por empleados del Grupo CENYT y administradores y apoderados de sus diversas mercantiles, entre los cuales participó materialmente en la ejecución del 'proyecto Saving' el encausado Rafael Redondo, como abogado y asesor jurídico de la empresa", explica.

Tráfico de llamadas

Según Anticorrupción, ese proyecto "comprendió la obtención de información sobre diferentes personas que habían tenido alguna relación" con esa inversión y con el procedimiento concursal que afectó a esta compañía. Y añade que el resultado de esas pesquisas se plasmó en una serie de informes.

Precisa que entre las personas de las que se recabó información estaba el presidente del banco de inversión Ahorro Corporación, quien ofreció a Moya la oportunidad de invertir en Martinsa-Fadesa y de quien sospechaban que podría haber actuado en connivencia con Martín para perjudicar al cliente del proyecto.

El fiscal explica que en esa obtención de información, el comisario y su socio llegaron "a hacerse con sus tráficos de llamadas, tanto entrantes como salientes, correspondientes a los días 1 a 18 de noviembre de 2011, conociendo de este modo con quién había contactado durante todos esos días".

De igual manera, relata que se hicieron también con los tráficos de llamadas entrantes y salientes de quien había ocupado el puesto de director general de Ahorro Corporación, correspondientes a los mismos días, y de quien había intervenido como abogado de Moya en los procedimientos judiciales que promovió a raíz de la falta de efectividad de la opción de venta de las acciones y que además era pareja de una de las personas que formaba parte de la administración concursal de Martinsa-Fadesa.

El fiscal indica que por esos trabajos Moya, a través de Persán SA –empresa de detergentes–, abonó a CENYT la cantidad total de 501.500 euros en varias transferencias y que los pagos respondieron a facturas emitidas por Grupo CENYT en las que, "con intención de ocultar la naturaleza de la relación comercial", se manipularon los conceptos de los servicios prestados.

La Fiscalía interesó el archivo de la causa para el exsenador socialista Francisco Rodríguez Martín y advirtió de la extinción de responsabilidad penal de Moya a causa de su fallecimiento el 18 de enero de 2021.