El abogado de familia de la educadora asesinada en Badajoz: "Había denuncias previas"

El abogado de la familia de la educadora asesinada en una vivienda tutelada en Badajoz, Raúl Montaño, ha afirmado que, si bien la instrucción del suceso determinará posibles responsabilidades civiles, cuando alguien "muere en su puesto de trabajo sin actuación negligente o temeraria" es porque ha habido fallos.

En declaraciones a EFE, Montaño, que ejercerá la representación legal de la acusación particular de la familia por este asesinato, ha aseverado que "había denuncias previas, incidencias y conocimiento por parte de todas las administraciones de lo que estaba ocurriendo", tanto en relación con los menores implicados como con otros.

Una vez finalice la instrucción, el escrito provisional de calificación narrará los hechos que se consideren ilícitos, quiénes los han cometido y a quiénes corresponden las responsabilidades civiles correspondientes, ha explicado.

"Aún es pronto para determinar si hubo negligencias, aunque, no obstante, está claro que hay que ver en lo que se ha fallado", ha agregado Montaño.

Que "sea ella la última que deba pasar por una situación así"

La familia de la auxiliar técnica educativa asesinada, María Belén C.F, desea que "sea ella la última que deba pasar por una situación así" y exige que, a raíz de esta muerte violenta, se acometan modificaciones, ha dicho el letrado, en cualquier tipo de reglamentación y normativa en torno al trabajo de los profesionales que desempeñan esta labor.

Ha explicado que el propio atestado de la Policía Nacional permite iniciar de oficio el procedimiento por este asesinato, pero la familia, según ha reiterado, ya se ha personado para ejercer las acciones penales como acusación particular.

De 35 años y natural de Castuera (Badajoz), la auxiliar fue agredida mortalmente por dos chicos de 14 y 15 años y una joven de 17, menores que residían en la vivienda de cumplimiento de medidas judiciales de la capital pacense y que fueron detenidos horas después por la Policía Nacional.

Sobre estos tres menores, el Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz adoptó la medida cautelar de internamiento en régimen cerrado y las diligencias judiciales abiertas se siguen por los presuntos delitos de homicidio, robo con violencia y contra la seguridad vial.

Cinco años de internamiento por asesinato

Montaño incidirá en el procedimiento en que se produjo un delito de asesinato, más allá de las amenazas o robo con violencia o intimidación que también determine la investigación, la cual designará además la implicación de cada menor.

En este contexto, los menores se enfrentarían por el asesinato a un máximo de cinco años de internamiento en régimen cerrado, además de las penas que se puedan acumular por los otros delitos.

"Esta es la realidad. La familia respeta las leyes y el Estado de derecho, pero si al final es ese el resultado -los cinco años-, su pretensión es que estas penas se modifiquen y se amplíen para que la ciudadanía tenga una mayor seguridad jurídica", ha afirmado.