El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha considerado que Euskadi y el Estado se pueden sentir "satisfechos" de su sistema penitenciario que logra la reinserción de los penados, ya que, tras cumplir condena, 8 de cada 10 no regresan a prisión.
Marlaska ha participado en la apertura del I Congreso de Derecho Penitenciario, organizado por el Colegio de la Abogacía de Bizkaia en colaboración con el Gobierno vasco, y ha considerado "relevante" ese evento para la reflexión, después de que el Ejecutivo vasco asumiera las competencias en la materia en octubre de 2021.
Así, ha agradecido "la implicación del Gobierno vasco" respecto al sistema penitenciario, que es "un elemento clave en toda sociedad democrática" y "el que mejor califica el grado de salud de una democracia".
Reinserción de los presos
Ha constatado que el sistema penitenciario español se asienta en la finalidad de la reinserción de los reclusos y que por ello es tan relevante el derecho penitenciario, como "principal instrumento para alcanzar el objetivo constitucional de garantizar a las personas condenadas a penas privativas de libertad el respeto a sus derechos fundamentales".
"El derecho penitenciario no es un campo de batalla, sino el espacio común en el que los poderes públicos y las representación legal de los internos buscan la mejor respuesta en beneficio del interés general", y que así "el cumplimiento de la pena sirva ineludiblemente para la reintegración en la sociedad de aquellas personas" que han pasado por prisión.
Reincidencia
La tasa de reincidencia es casi un 20%, es decir, 8 de cada diez personas que han cumplido una pena privativa de libertad, salen de prisión y no vuelven a reingresar, ha constatado.
El sistema implementado en el Estado es un referente y un ejemplo en la comunidad internacional, después de haber aumentado la plantilla de profesionales penitenciarios hasta superar los 25.000 y el descenso en la población reclusa en el conjunto de los centros penitenciarios de titularidad estatal, de los 63.400 de 2010, a los 47.000 a día de hoy.
"El aumento de plantillas y descenso de la población interna generan una mejora sin duda alguna evidente de las condiciones laborales de los profesionales y facilitan la eficacia de la intervención penitenciaria", ha destacado el ministro.
También ha explicado el "esfuerzo realizado por elevar el nivel de formación" de esa plantilla que permite impulsar modernos programas de tratamiento y controlar unos 85.000 mandamientos judiciales anuales de medidas alternativas de la privación de libertad.
Además, hay 7.000 internos, el 18% de la población penada, en el tercer grado penitenciario, de los que el 44% están supervisados en su domicilio con un medio telemático, lo que permite facilitar su vida familiar y social.
