La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este jueves que quiere impulsar el "cribado universal" para detectar casos de violencia machista en Atención Primaria.

"Debemos situar la Atención Primaria de Salud en el primer espacio de detección precoz de la violencia contra las mujeres, generando recursos específicos para la derivación en casos de cribados positivos, y circuitos de atención y actuación coordinada evitando la victimización secundaria de las supervivientes", ha asegurado en la Comisión de Igualdad que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados.

Además, la ministra se ha comprometido a trabajar para abrir en todas las CCAA las Unidades de Valoración Forense Integral previstas en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, tal como se acordó en la Conferencia Sectorial del pasado marzo del 2023.

"Y trabajaremos para reforzar la presencia de los y las abogadas de guardia en todos los partidos judiciales. Nuestra intención es fortalecer el sistema de respuesta judicial a las mujeres víctimas, reforzando la asistencia, ayuda y protección", ha añadido.

Asimismo, ha propuesto este jueves la creación de una subcomisión para retomar los trabajos para la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

"En 2021, el 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, se firmó en esta Cámara por todos los grupos concernidos por los valores democráticos, el compromiso de renovación del Pacto de Estado. Como bien saben sus señorías, los trabajos avanzados decayeron con la decimocuarta legislatura, por lo que proponemos ahora la creación de una subcomisión para que estos trabajos se puedan retomar", ha sugerido Redondo.

En estos trabajos, según ha precisado, confía en poder contar "con todos los grupos parlamentarios" para "mejorar y enriquecer este pacto", acordando las propuestas necesarias para mejorar el pacto, incluyendo "las nuevas formas de violencia como, por ejemplo, la violencia digital".

Según ha recordado Redondo, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género fue consensuado en 2017 con los grupos políticos, que acordaron "dejar a un lado las diferencias ideológicas" para ponerse "de acuerdo en lo importante".

"Hoy, sin embargo, --ha lamentado la ministra-- este gran y costoso consenso está siendo cuestionado. Los negacionistas están en las instituciones, negacionistas de la violencia de género, negacionistas de la igualdad, que ponen en jaque algunos de los grandes consensos y avances de estos últimos años". Si bien, ha celebrado que la ciudadanía está "fuertemente concienciada".

La ministra también ha avanzado que iniciará "en las próximas semanas" una ronda por el territorio para conocer de primera mano la labor de los centros de crisis 24 horas contra la violencia sexual, unos centros que quiere fortalecer para garantizar, en colaboración con las CC.AA, la aplicación de la Ley de la Garantía integral de la libertad sexual. El pasado mes de octubre, el ministerio de Igualdad, dirigido entonces por Irene Montero, anunció que las autonomías tendrían un año más para implementar estos centros, gracias a la prórroga otorgada por la Comisión Europea.