EH Bildu ha recurrido ante la Audiencia de Gipuzkoa el sobreseimiento provisional de presuntos pagos irregulares en las obras de la AP-1, en el tramo Arlaban-Eskoriatza, conocido como caso Bidegi.
Según ha informado el juntero Oskar Bordes en Juntas Generales, el objetivo de EH Bildu con esta querella es que se lleve a cabo un proceso judicial de "plenas garantías", porque "la ciudadanía tiene todo el derecho a conocer" si hubo un pago irregular a las empresas constructoras.
El pasado día 6 se conocía que la jueza instructora dictaba el sobreseimiento provisional de esta querella, al entender que el informe que la sustentaba estaba plagado de “innumerables deficiencias, errores y omisiones que invalidan todas y cada una de las conclusiones establecidas. El julio de 2021, y dada la "extrema complejidad y tecnicismo de los hechos", la Fiscalía solicitó la elaboración de un tercer informe pericial independiente, "que clarificara la realidad de los hechos y determinara la existencia de fraude de liquidación presupuestaria en este tramo de las obras", ha recordado Bordes. "Es decir, la fiscalía solicitó un informe independiente, aparte de los existentes, para determinar si se realizó un pago irregular a las empresas de construcción. La Fiscalía justificó la necesidad de esta investigación argumentando que los informes periciales de las partes en conflicto presentaban contradicciones absolutas". Sin embargo, la juez del caso denegó este tercer peritaje aduciendo a su elevado coste.
Ahora, EH Bildu solicita a la Audiencia de Gipuzkoa que se lleve a cabo este nuevo peritaje.
Críticas a Mendoza
Por su parte, Bordes ha criticado la actitud de la diputada general, Eider Mendoza, que el pasado miércoles compareció de urgencia para informar sobre la decisión del Juzgado número 2 de Azpeitia. Tras recordar que el cargo de diputado general lleva consigo actuar con "imparcialidad", ha subrayado que esta investigación "no va contra nadie sino a favor de conocer la verdad".
Durante su comparecencia, Mendoza acusó a EH Bildu de llevar a cabo una estrategia "política" de actuación directa "contra la honorabilidad de las personas y la credibilidad de las instituciones” con el único objetivo de “dañar a un rival político”.
