El 75,2% de la población prefiere la hospitalización en un centro público en el Estado y el 56,4% se decanta por la sanidad pública para las consultas de especialistas, según el informe 2023 sobre "La Atención especializada en las comunidades autónomas" de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad (FADSP).
Pese a que los encuestados prefieren la hospitalización en centros públicos, el déficit de camas hospitalarias mantiene una tendencia "preocupante" a la baja, tanto en las camas instaladas, es decir, aquellas que constituyen la dotación del centro aunque no estén en servicio, como en las que están en funcionamiento, subraya el informe de la FADSP presentado este miércoles.
En concreto, la preferencia por la hospitalización en un centro público gana 16,5 puntos en doce años, al pasar de un 58,7% de población a favor en 2010 al 75,2% del año pasado.
En rueda de prensa, el portavoz de la FADSP, Marciano Sánchez Bayle, ha considerado probable que la experiencia de la pandemia haya influido, una vez que los hospitales públicos fueron determinantes para abordarla, pero ha lamentado que pese a esto la Atención Especializada tienda a la privatización y no esté recibiendo "la respuesta que se merece".
La opinión sobre la asistencia recibida es positiva y el 88,4% de los pacientes la considera buena o muy buena, mejorando respecto a 2010. La puntuación que recibe la enfermería (8,5) supera, aunque levemente, a la de los médicos (8,4).
Menos camas
Las camas hospitalarios en funcionamiento caen en un 3,5 % en once años al pasar de 145.135 en 2010 a 140.060 en 2021, y lo hacen en todas las comunidades autónomas salvo Andalucía y La Rioja.
Y lo mismo ocurre con las camas instaladas en los hospitales. En este caso bajan algo menos (1,7%) al pasar de 157.906 en 2010 a 155.274 en 2021.
En Andalucía, las camas en funcionamiento se han incrementado un 3% en once años y en La Rioja, suman una mejora del 9,7%.
El informe llama la atención sobre Catalunya, la comunidad mejor posicionada del Estado en 2021, con 0,86 camas de larga estancia por mil habitantes aunque retrocede frente a los resultados obtenidos en 2010 cuanto la ratio era 1,2 camas, muy cerca de la medida europea: 1,5 por mil habitantes.
Especialistas
A la hora de acudir a un especialista, más de la mitad se decanta por la sanidad pública (56,4%), según datos del informe de la FADSP referidos a 2022 y que supone 8,5 puntos más que en 2010.
No obstante, en el caso de la atención especializada en la pública, el momento álgido fue en 2019, en prepandemia, cuando era la opción preferida para el 59,4% de la población española.
En 2022, las comunidades que preferían las consultas públicas del especialista eran Nafarroa, Castilla y León, Galicia y Euskadi, todas ellas en torno al 63%, mientras que Canarias obtenía el porcentaje más bajo, el 45,3%.
Demora
Pese a este optimismo, la demora para una consulta con un especialista aumenta de media el 36,5%, al pasar de 61 días a 83,2.
La lista de espera quirúrgica experimenta una "ligerísima mejora" en el tiempo medio de demora (0,1 día menos) y en el porcentaje que espera más de seis meses, que pasa de 16,6 al 14,3%.
El informe revela un aumento del 34% en el gasto por habitante en Atención Especializada entre 2010 y 2021, que va el 39% de Madrid al 18% de La Rioja y detecta un aumento del 8% en el gasto en conciertos en ese periodo, incremento que lidera la Comunidad de Madrid.
En lo que respecta al año 2021, el porcentaje de gasto sanitario dedicado a conciertos fue del 6,6% en el conjunto del Estado, oscilando entre el 23,9% de Catalunya y el 2,8% de Castilla y León.
Privatización en Madrid
Estos datos constatan, según el portavoz de la FADSP, una mayor privatización de la sanidad, "un círculo vicioso que empeora el funcionamiento del sistema público" y en concreto ha lamentado el "empeño" privatizador de la Comunidad de Madrid.
Por ello, la FADSP recomienda disminuir el gasto en conciertos sanitarios y que no superen el 5%, paralizar las privatizaciones en la atención especializada y aumentar el gasto sanitario público en torno a 1.000 euros por habitante y año, para acercar al Estado al promedio de la UE.
También sugiere incrementar el número de camas hospitalarias para conseguir entre 4 y 5 por cada mil habitantes, lo que supone entre 50.000 y 80.000 camas más en todo el Estado; y que en ninguna comunidad haya una ratio inferior a 3,5 camas por mil.
