El Gobierno vasco encabeza una delegación vasca que viaja este sábado a Guatemala y Honduras para acompañar a las personas que han sido acogidas en Euskadi dentro del Programa de Protección para Defensores y Defensoras de derechos humanos. En estos 12 años, la CAV ha acogido, dentro de este programa, a 32 defensores procedentes de Colombia, Perú, Honduras, Guatemala y Sahara Occidental.
La directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad, Monika Hernando, lidera la delegación, que incluye a seis representantes del Parlamento Vasco, así como a personal técnico de eLankidetza-Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, y representantes de entidades sociales como la gestora del programa, Zehar-Errefuxiatuekin, Paz y Solidaridad y Aldarte.
En total, viajan 14 personas entre las que se encuentran miembros de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco, y un letrado. Se trata de la presidenta de la comisión Leixuri Arrizabalaga e Iñigo Iturrate (PNV), Miren Gallastegui (PSE-EE), Oihana Etxebarrieta (EH Bildu), Iñigo Martínez (Elkarrekin Podemos-IU) y Carmelo Barrio (PP).
El objetivo de la misión es acompañar a las personas defensoras acogidas por el programa en los años 2020 y 2021, y comprobar sobre el terreno la situación actual de los territorios. La delegación viajará primero a Guatemala y después a Honduras, para conocer la realidad de las comunidades y la situación personal de las personas defensoras y de las organizaciones locales. En este sentido, la misión analizará la fase de retorno de estos activistas, comprobará el nivel actual de riesgo que tienen y trasladarán a todas aquellas personas perseguidas el apoyo de las instituciones vascas.
También se reunirá con instituciones públicas y organismos internacionales con el fin de conocer de primera mano la situación y fortalecer la red de protección y apoyo de las personas acogidas en el programa.
Los parlamentarios del PNV Leixuri Arrizabalaga e Iñigo Iturrate han denunciado "la espiral de persecución" que sufren en Guatemala y Honduras los defensores de Derechos Humanos. "No podemos quedarnos parados ante unos hechos que exigen todo nuestro compromiso y apoyo", han afirmado.
"Muchos defensores están condenados de por vida sin que sus países les ofrezcan la protección debida. Estos hostigamientos deben terminar ya", han denunciado. Así, han pedido a las instituciones públicas de Honduras y Guatemala que garanticen la vida de estas personas, "porque los derechos humanos son valores universales".
"Defender los Derechos Humanos en muchos países sale caro; tan caro, que en demasiados casos se paga con la vida. Son crímenes que en su mayoría quedan impunes y que son precedidos por el acoso, la difamación y los ataques físicos", han reprochado.
Leixuri Arrizabalaga e Iñigo Iturrate han criticado que, además, se da "el agravante de género", ya que "las mujeres, en esta espiral de violencia y muerte, se convierten en las principales damnificadas, sufriendo todo de tipo de hostigamientos, abusos sexuales y discriminaciones".
En este sentido, consideran que el trabajo que desde Euskadi se realiza "para exigir la defensa y protección de los Derechos Humanos se presenta como determinante", porque "ayuda a que la amenaza que pesa sobre los y las activistas baje de intensidad".
"Tienen el apoyo del Gobierno vasco, el Parlamento Vasco y las organizaciones de Derechos Humanos, y esto contribuye a que las agresiones contra las personas acogidas sean de menor intensidad. Queremos fortalecer este apoyo institucional y político para ayudar a terminar con la impunidad judicial. Los perpetradores de estas vulneraciones no pueden seguir actuando sin consecuencias", han manifestado.
PROTECCIÓN A PERSONAS DEFENSORAS
El Programa de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos nació en 2011 con el objetivo de proteger a personas que ven amenazada su vida e integridad física por su actividad en defensa de la vida y la justicia social en sus países de origen.
Se trata de una iniciativa por la que la persona acogida permanece en Euskadi seis meses en los que puede descansar y cuidarse para fortalecerse física y emocionalmente frente a los impactos de la violencia política.
Durante este tiempo, además, desarrolla una agenda política con diferentes instituciones públicas y organizaciones sociales, con el fin de ampliar y fortalecer sus redes internacionales de apoyo. Estas redes actúan un paraguas de protección que contribuye a generar un retorno en mayores condiciones de seguridad y la continuación de su trabajo en defensa de los derechos humanos.
En estos 12 años, el programa ha acogido a 32 personas (19 mujeres y 3 menores a su cargo, y 9 hombres) procedentes de Colombia, Perú, Honduras, Guatemala y Sahara Occidental. Desde el inicio, una delegación vasca ha acompañado a estas personas en el retorno a sus países de origen, en diferentes misiones con destino a Colombia, Guatemala, Perú y Honduras.
