La Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, ha enviado un escrito a los fiscales delegados de violencia de género de todo el Estado en el que ordena que se pidan medidas cautelares aún cuando la víctima no las solicite.
Con el objetivo de mejorar la protección para mujeres víctimas de violencia machista, la fiscal Teresa Peramato les recuerda que son ellos, los fiscales, también los que pueden, y deben, pedir las órdenes de protección “aunque no lo solicite la víctima”. “Debemos ser proactivos”, sostiene.
Y es que ante el repunte de asesinatos machistas de estas últimas semanas, la fiscal ha recordado que, de todos los feminicidios ocurridos en 2022, en casi la mitad de los casos había denuncias previas, y “solo en seis ocasiones se acordó la orden de protección”.
De hecho, según los datos del CGPJ del tercer trimestre del pasado año, la proporción de solicitudes de órdenes de protección en relación con el número de denuncias es del 20 %. Se solicitaron 10.302 órdenes de protección, y solo se concedieron seis de cada diez. Por lo que en relación al total de denuncias interpuestas solo se acordó protección en un 13,9 % de los casos denunciados.
Así las cosas, la fiscal denuncia que “son datos que, a simple vista, alertan de la escasa protección penal que se dispensa durante la tramitación de los procedimientos por violencia de género”.
Por ese motivo, Peramato hace hincapié en dos principales propuestas: por un lado, afianzar la solicitud de medidas cautelares que sean necesarias para la seguridad de las víctimas, aunque ellas no las pidan; y por otro lado, la instalación del dispositivo telemático de detección de la proximidad, cuando no se solicite la prisión provisional.
Alertar sobre reincidentes
En pleno análisis del sistema anunciado por el Ministerio de Interior para avisar a las mujeres que conviven con agresores machistas como forma de prevención de la oleada de feminicidios, la Asociación Clara Campoamor defendió la necesidad de contar con un registro público de los agresores.
Como apuntó el abogado José Miguel Fernández López de Uralde la existencia de un registro de agresores con “antecedentes firmes” por violencia de género sería “un avance hacia la igualdad” porque se trata de “seguridad de la vida, de derechos básicos y fundamentales”.
Y es que en cuanto a la afirmación de la Fiscalía que recordó que un aviso generalizado acerca de los agresores vulneraría el derecho a la intimidad de los mismos, el abogado de Clara Campoamor denunció que, “si ponemos la discriminación, la desigualdad y la existencia de esta lacra social frente a datos personales, que no son datos personales sino datos públicos porque estamos hablando de antecedentes penales firmes, la balanza se inclina fácilmente hacia la lucha por los derechos humanos y por la igualdad, que eso es el feminismo”. En ese sentido, recordó que Hacienda publica listas de morosos, mientras que en el caso de la violencia machista no se puede hacer.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, por su parte se ha alineado con el Ministerio de Interior en su apuesta por alertar a las mujeres que conviven con agresores reincidentes. Sin embargo, ha puesto el acento en que en la lucha contra la violencia de género “no hay varitas mágicas”.
“Estamos de acuerdo en poner el foco en los agresores... Detrás de cada mujer asesinada, hay un maltratador”, ha apuntado. Sin embargo, “no hay una sola medida que evite todos los asesinatos, porque la violencia machista es estructural y no acabaremos con la violencia hasta que no acabemos con el machismo”, ha zanjado.
