Euskadi adaptará su normativa de protección de datos al reglamento europeo

El Gobierno vasco adaptará la normativa autonómica de protección de datos al reglamento europeo y a las leyes estatales sobre esta materia, lo que entre otras novedades implicará la sustitución de la Agencia Vasca de Protección de Datos por una nueva Autoridad Vasca de Protección de Datos.

El consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, y la directora de la citada agencia, Margarita Uria, han analizado este miércoles el proyecto de "Ley de Protección de Datos Personales y de la Autoridad Vasca de Protección de Datos", que ya ha sido remitido al Parlamento para su debate.

El objetivo principal de la norma será regular el control y la supervisión del tratamiento de los datos personales de los que es responsable el sector público de Euskadi. La principal novedad es la creación de la Autoridad Vasca de Protección de Datos, un "cambio esencial" porque supone modificar "el régimen jurídico, organización y competencias" de la anterior agencia.

La futura Autoridad estará facultada para investigar tanto de oficio como a instancia de parte cualquier posible irregularidad en el tratamiento de datos personales y tendrá capacidad sancionadora. Las sanciones de mayor gravedad -aquellas superiores al millón de euros- se publicarán en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) "a modo ejemplarizante".

Podrá realizar inspecciones periódicas, circunstanciales, de oficio o a instancia de las personas afectadas y también planes de auditoría preventiva para analizar el cumplimiento con las normativas vigentes.

Para recabar la información necesaria sus inspectores podrán acceder a locales, examinar soportes o sistemas de información que contengan datos personales, requerir el envío o ejecución de programas, aplicaciones, procedimientos o documentación que gestione el tratamiento de dato.

También podrán acceder al domicilio de la persona inspeccionada con su consentimiento o con autorización judicial, ha informado el Departamento de Seguridad en una nota.

Por su parte las administraciones públicas o las personas sujetas a la investigación estarán obligadas a colaborar y proporcionar a los datos requeridos.