- El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pide elevar a 18 años la posibilidad de cambiar de sexo en el registro sin aval judicial y endurece así la propuesta del Ministerio de Igualdad, que en su anteproyecto de ley trans contempla que a partir de los 16 años no habría limitación alguna.

El órgano de gobierno de los jueces aprobó ayer, con cuatro votos en contra, una enmienda que endurece la propuesta de los tres ponentes que elaboraron el borrador del dictamen sobre el anteproyecto.

La norma diseñada por el Ministerio de Igualdad abre la puerta al cambio de sexo en el registro sin necesidad de informes médicos a partir de los 12 años. Entre 12 y 14 años se necesitará aprobación judicial; entre 14 y 16, la asistencia de progenitores o tutores; y a partir de los 16 no habrá limitación alguna.

En su borrador del pasado 8 de abril, el CGPJ consideraba que no se protegía suficientemente a los adolescentes de entre 14 y 16 años y subrayaba que debía primar el interés superior del menor.

Por eso proponía que en esos casos un juez comprobara que tienen “suficiente madurez” y “estabilidad en la situación de transexualidad”, al igual que se propone con los niños de 12 a 14 años. Ahora, con la enmienda aprobada por el Pleno, el CGPJ eleva hasta los 18 años esta condición.

El CGPJ aprueba así por unanimidad su informe sobre la futura ley trans en el que también advierte sobre determinados aspectos que podrían vulnerar derechos de las mujeres, en la línea de lo manifestado por un sector del feminismo que considera que esta ley podría perjudicar su lucha por la igualdad. Aunque ve loable la finalidad de la ley, que es evitar la discriminación de los colectivos trans y LGTBI, incluye diversas consideraciones que advierten de que, si no se precisa, las mujeres podrían salir perjudicadas en ciertos ámbitos como el deportivo o en las pruebas físicas para acceder a determinadas profesiones. Y piden garantías para evitar situaciones fraudulentas y que nadie se cambie de sexo para eludir responsabilidades frente a víctimas de violencia de género.

Considera, además, que la reversión de un cambio de sexo registral debería tener carácter “absolutamente excepcional”, “siempre bajo decisión judicial y nunca de forma incondicionada ni ilimitada”. Por otra parte, el Pleno manifestó su disconformidad con la prohibición de terapias de conversión que recoge el anteproyecto en aquellas situaciones en las que se cuenta con el consentimiento del afectado.

Las organizaciones que representan a este colectivo han pedido a Moncloa que “desoiga” este informe que, recuerdan, “llega tarde”, y que se alinea con los sectores anti derechos trans. Destacan que el CGPJ responde a una mayoría conservadora y lleva más de tres años caducado y recuerdan que no es la primera vez que se muestra contrario al avance de derechos sociales.