Jueces, fiscales, letrados y otros operadores judiciales han acordado este viernes en Valencia elevar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) diversas medidas orientadas a mejorar la coordinación entre los juzgados y activar alertas que permitan evitar casos de violencia vicaria como el de Sueca (Valencia), en el que un niño de 11 años fue asesinado por su padre.
"A medio y largo plazo se ha propuesto por la Conselleria de Justicia, y la comisión ha hecho suya esta propuesta, que exista interconexión entre los sistemas de gestión procesal de todo el territorio. Se trata de que haya interoperabilidad entre sistemas", ha apuntado la presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia, Esther Rojo, tras la reunión extraordinaria de la comisión provincial de coordinación en materia de violencia de género.
Esta comisión ha sido presidida, aunque no ha participado en ella, por la vocal del CGPJ Carmen Llombart, quien ha planteado también la necesidad de que los jueces de familia comprueben si existen sentencias o denuncias por violencia machista al tramitar procesos de divorcio y ha propuesto el establecimiento de alertas en los sistemas informáticos de la Justicia española para evitar la falta de comunicación entre juzgados.
Todas estas medidas han sido recogidas en un documento por la comisión valenciana contra la violencia de género y serán elevadas al CGPJ previo paso por la Sala de Gobierno del TSJCV. "En el corto plazo, la Conselleria de Justicia se ha comprometido a instalar un aplicativo en los Juzgados de Familia, mixtos, de Violencia sobre la Mujer e Instrucción para que tengan acceso al reparto civil y penal de los decanatos, de modo que puedan comprobar si existen procesos de separación, divorcio o de guarda y custodia", ha apuntado Rojo."Se constate si existe algún proceso de violencia de género"
Para la presidenta de la Audiencia Provincial, sería conveniente que "cuando exista un proceso de separación y haya menores, que previamente a la ratificación del convenio de divorcio se constate si existe algún proceso de violencia de género entre las partes". "Esto se puede detectar en dos momentos procesales -ha asegurado-: en la entrevista que el letrado hace con su cliente y en la ratificación del convenio regulador".
"Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también lo hacen, pero se ha insistido en que lo hagan constar en el momento de formular denuncias", ha agregado Rojo. Preguntada por posibles responsabilidades por parte de los juzgados que vieron tanto el proceso de divorcio de la madre del niño asesinado por su padre en Sueca (Valencia) el pasado domingo como el juicio penal por malos tratos a los que fue sometida, Carmen Llombart ha apuntado: "Cada institución tiene sus mecanismos, el CGPJ establece la imperatividad de la inspección de los tribunales y la función sancionadora y disciplinaria, pero hemos venido a buscar coordinación y mejoras".
A su juicio, "si se transmite a la sociedad que ha habido un error o problemas de jueces o policía quizá las víctimas se retraen y no denuncian, y es imprescindible que se sientan apoyadas institucionalmente". Preguntada sobre si cree que se podría haber evitado el parricidio de Sueca, Llombart ha afirmado que "es fácil especular a toro pasado, pero el tema consiste en buscar soluciones, una posible reforma legislativa para que el juez de familia pida información imperativamente sobre los varones o personas que se quieren separar". Asimismo, ha insistido en pedir "más medios digitales y humanos a la Conselleria (de Justicia)" porque "hay juzgados con una carga de trabajo del 220 por cien".
