- Los ayuntamientos vascos y las diputaciones podrán gravar o crear nuevos cánones contra los vehículos muy contaminantes o medios de transporte que desincentiven la movilidad amable con el planeta. La fiscalidad del transporte es una de las novedades del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que aprobó ayer el Consejo de Gobierno Vasco que ahora será remitido al Parlamento Vasco para su debate. Entre los principales objetivos que persigue la ley destacan el diseño de un sistema de transporte integrado y coordinado, priorizando el transporte público y optando por medios que consuman combustibles alternativos. Además, se potenciará la movilidad activa y la intermodalidad en el transporte de personas y de mercancías. Con todo ello se pretende mejorar el medio ambiente, reduciendo la contaminación atmosférica y acústica, el consumo de energía, así como los efectos derivados del cambio climático
El consejero de Planificación Territorial, Transporte y Vivienda, Iñaki Arriola, desgranó ayer los pormenores del nuevo concepto de fiscalidad del transporte, que abre a las diputaciones y municipios la posibilidad de utilizar esta herramienta y otros instrumentos de política económica para contribuir a la movilidad sostenible. En este sentido, el consejero explicó que la ley habilita que los ayuntamientos, para conseguir los objetivos que se contemplan en la norma, pueden establecer “medidas disuasorias”, aunque destacó que en su artículo nueve, la ley señala que las medidas que se adopten deben “tener proporcionalidad y estar justificadas desde el punto de vista de la defensa de la salud y del medio ambiente”. Concretamente, el articulado de la norma recoge la opción de establecer medidas fiscales y financieras que penalicen la movilidad poco sostenible como tasas, cánones o gravámenes, tributos y reducciones. Al mismo tiempo, abre la puerta a bonificaciones o exenciones para formas de transporte que no dañen el medio ambiente.
Arriola precisó que para impulsar los desplazamientos a pie o en bicicleta se recurrirá a la planificación urbanística. De esta manera, los criterios de movilidad peatonal y ciclista y de seguridad vial se tendrán en cuenta a la hora de diseñar calles, plazas y avenidas. En estos espacios se “reforzará la pacificación del tráfico y se dará atención preferente al uso peatonal” de manera que surjan “ciudades más amigables” con calles que “no estén invadidas por vehículos”.
Las decisiones para desincentivar el uso del coche privado, como por ejemplo prohibir su acceso al centro, corresponderán a los ayuntamientos ya que “cada ciudad tiene su realidad”, por lo que el consejero no ha detallado las medidas concretas que se desplegarán al albur de la futura ley.
En todo caso, subrayó Arriola, las medidas disuasorias deben adoptarse desde la “prudencia y la responsabilidad” y siempre bajo el argumento de que son en beneficio de la sociedad y para la protección de la salud y el medio ambiente.
La futura ley también hace obligatorio que las estaciones y los edificios destinados a servicios públicos tengan aparcamientos para bicicletas y que los nuevos edificios de viviendas tengan también “espacios seguros y resguardados” para guardarlas. En cuanto al transporte público, se impulsará una verdadera red intermodal, se apostará por vehículos de combustibles alternativos cuando se renueven las flotas y se fomentarán los aparcamientos disuasorios en la periferia urbana que estén conectados con medios de transporte público. La norma aboga por “un sistema tarifario único” en toda Euskadi y da un plazo de dos años para alcanzar la interoperabilidad.
Bajar las emisiones. En 2019 en Euskadi se emitieron un total de 18,6 millones de toneladas de CO2, una cifra un 2% menor que el año anterior, pero en la que el 35% corresponde al transporte. “De ahí la necesidad de actuar y dotar a las administraciones con herramientas de planificación en materia de movilidad sostenible tendentes a reducir la huella de carbono derivada”, explicó el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, durante la presentación de la Ley de Movilidad Sostenible.
