La Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo apoyará el recurso presentado por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en el Estado (Avite), contra una segunda sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 2018, que declaró prescritos los hechos como ya lo había hecho el mismo tribunal en 2014.
El Ministerio Público informa en un comunicado que basa su posición en la aparición de un nuevo documento en un archivo de acceso público en Alemania, para apoyar el recurso presentado por Avite contra las compañías Grünenthal Gmbh y Grünenthal Pharma sa.
Malformaciones en miles de bebés
Avite ejercitó hace ya una década una acción de responsabilidad extracontractual por los daños personales causados por los efectos teratogénicos de la talidomida, medicamento desarrollado por Grünenthal GmbH que se suministraba a las embarazadas contra las náuseas y que provocó malformaciones en miles de bebés que nacieron sin pies o sin brazos en la década de los cincuenta y sesenta.
La Fiscalía entiende que dicho documento es decisivo para el ejercicio de la acción civil, atendiendo a la nula previsibilidad de encontrar un documento de estas características debido a su ubicación, la movilidad reducida de los recurrentes, o las dificultades de búsqueda derivadas del idioma, volumen y organización del registro.
Contínuos reveses jurídicos
La polémica por la talidomida llegó a los tribunales hace ya una década. En 2013, el Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid condenó a la farmacéutica Grünenthal Pharma a pagar 20.000 euros a cada uno de los afectados por cada punto porcentual de minusvalía que les hubiera reconocido la Administración. Fue la única victoria del colectivo.
A partir de aquí todo han sido reveses. Un año después, la Audiencia Provincial de Madrid anuló por prescripción las indemnizaciones, lo que supuso "un mazazo" para las víctimas, que más tarde vieron como el Supremo adoptaba el mismo fallo.
Tampoco el Tribunal Constitucional atendió su recurso de amparo y finalmente las víctimas acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que desestimó la demanda de Avite contra el Estado por vulnerar los derechos de los afectados.
La asociación de afectados
Europa cerraba así el primer capítulo judicial impulsado por Avite ya que existe otro caso abierto que se remonta a 2014, poco después de que la asociación obtuviera su primera y única victoria judicial.
Ignacio Martínez, abogado de Avite, explica que la sentencia del juzgado de primera instancia afectaba a unas 18 personas que habían acudido a los tribunales, por lo que poco después se unieron tres personas más a la asociación, animados por esa victoria, y se interpuso una segunda demanda para atender a sus reclamaciones.
Este segundo pleito se diferenció del primero en que aquí la Fiscalía compareció desde el primer momento y apoyó siempre la demanda, lo que no había ocurrido antes salvo en el Supremo.
Con todo, la demanda fue rechazada en primera instancia y por la Audiencia Provincial el 26 se noviembre de 2018, que es precisamente la resolución contra la que Avite interpuso este segundo recurso de casación que verá el Supremo -que ahora solo cuenta con dos y no tres afectados- y que el Ministerio Público informa hoy que apoyará.
Según el letrado, el procedimiento en el Supremo esta pendiente de señalamiento para la deliberación y fallo en las próximas semanas.
