- El Pleno del Congreso aprobó ayer por la mínima el Proyecto de Ley Orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional, con el voto en contra del PP y la abstención de ERC, entre otros. La Cámara Baja remite así al Senado el texto para que continúe su tramitación parlamentaria. El proyecto, que debía obtener mayoría absoluta (176 votos) por tratarse de una ley orgánica, fue aprobado por 180 votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, Cs, PNV, EH Bildu, Más País-Equo, Teruel Existe y PRC, 88 en contra del PP y las 75 abstenciones de Vox, Foro, UPN, la CUP, ERC y BNG.
Además, la Cámara Baja aprobó una sola enmienda de Compromís, de las que quedaban vivas, aunque durante anteriores trámites se han incorporado dos centernares de modificaciones de las 592 enmiendas parciales presentadas. Durante el debate, el portavoz socialista Alfredo Sancho (PSOE) destacó que “nunca” se había conseguido “un acuerdo tan transversal” para el futuro de la FP en España, cuyo procedimiento ha sido “impecable” en su proceso de elaboración y tramitación parlamentaria y que ha contado con un proceso de participación de mas de 4.000 sugerencias.
También desde Unidas Podemos, Javier Sánchez Serna subrayó el “consenso” con que nace esta ley, para la cual “se ha escuchado a la sociedad civil” y que llega con “amplios acuerdos entre grupos parlamentarios”. Durante su intervención, pidió al PP que, en aquellas comunidades donde gobierna, “se digne” a cumplir esta ley y “no la saboteen” como hacen con la LOMLOE.
En la misma línea se pronunció Sara Giménez, de Cs, que recalcó el hecho de que esta ley será “la primera ley educativa que se aprobará presuntamente sin ningún voto en contra”, lo que, a su juicio, es importante para dar “estabilidad” al sistema y para ayudar a abordar los datos de desempleo, sobre todo el juvenil, en España.
Portavoces de otros grupos parlamentarios también incidieron en el clima de consenso que ha caracterizado, según ellos, la tramitación de este proyecto. “La clave de éxito en todas las políticas públicas son las alianzas, la colaboración, el consenso y el compromiso, algo con lo que esta ley se ha ido trabajando”, señaló Josune Gorospe (PNV).
Igualmente, JxCat valoró el grado de negociación durante el trámite parlamentario, según ha manifestado su diputada Mariona Illamola, aunque reconoció que podría haberse incrementado y que la ley es todavía “mejorable”. Sin embargo, formaciones como el PP y Vox, expresaron sus discrepancias con respecto a algunas cuestiones del proyecto y su tramitación parlamentaria.
La popular Beatriz Jiménez reprochó al Gobierno de coalición que utilice los términos “consenso” y “unanimidad” sin “hacerlos realidad”. La diputada de Vox, Georgina Trías, también se mostró crítica con el proyecto, al afirmar que se aplicó el “rodillo ideológico” del Gobierno y sus socios, incorporando, por ejemplo, el lenguaje inclusivo que, para Trías, es “inútil y farragoso”.
España presenta una baja proporción de matriculados en FP (el 12% de los jóvenes entre 15 y 19 años, frente al 25% de media de la OCDE) a pesar de que la demanda es clara: el 40,3% de las ofertas laborales de 2019 estaban dirigidas a perfiles con esta titulación. La ley quiere además actualizar hasta el 80% de las cualificaciones profesionales existentes y doblar el número de trabajadores formados en España.
Dual
La principal novedad es que la FP será dual, es decir, se compatibilizarán los estudios con las prácticas en empresas. Será de dos tipos: genérica o intensiva. Será FP dual genérica cuando la duración de la formación en la empresa sea de entre el 25% y el 35% de la duración total y cuando la participación de la empresa en el currículo no supere el 20%. Además, no podrá haber contrato. La modalidad intensiva será aquella en la que la formación en el centro de formación profesional se alterne con la formación en la empresa, siendo esta última retribuida en el marco de un contrato de formación.
