La subdirectora de Seguridad de la cárcel de Villena (Alicante) detenida por supuestamente denunciar falsamente una agresión el pasado septiembre por varios encapuchados ha reconocido que los mensajes amenazantes se los había enviado a ella misma.
Fuentes próximas a la investigación han informado a Efe de que, aunque ha admitido ser la autora de esos mensajes, sí mantiene que sufrió una agresión.
Los supuestos mensajes con amenazas pudieron ser enviados desde otro teléfono también de su propiedad, según creen los investigadores.
La subdirectora de Seguridad del centro Penitenciario Alicante II (Villena) denunció los supuestos hechos el pasado 6 de septiembre, cuando aseguró que había sido víctima de los golpes de media docena de encapuchados.
La responsable penitenciaria fue puesta en libertad este miércoles tras prestar declaración y se le imputan los presuntos delitos de denuncia falsa y simulación de delito.
En un comunicado, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha señalado este jueves que la ha destituido y que, una vez conste la comunicación oficial sobre la situación procesal de la funcionaria, se incoará el correspondiente expediente disciplinario.
La agresión que denunció en su día la subdirectora aseguraba que se produjo a las puertas de la casa horas antes de que declarara sobre la actuación de tres trabajadores de la prisión que fueron grabados golpeando a un recluso con una enfermedad mental.
Según ese relato, los encapuchados la golpearon en la cara mientras le proferían amenazas de que mantuviera "la boca cerrada" sobre la actuación de los funcionarios con el recluso.
Tras conocer esta denuncia, Instituciones Penitenciarias emitió un comunicado de condena en el que recordaba que la subdirectora había recibido amenazas similares en su móvil a raíz de la investigación interna abierta a esos funcionarios y que la responsable había puesto en conocimiento de sus superiores.
A raíz de la supuesta agresión, la subdirectora de Seguridad de la prisión de Villena recibió numerosas muestras de apoyo, entre ellas del secretario general de Instituciones Penitencias, Ángel Luis Ortiz, quien en un acto de repulsa a las puertas de la cárcel alicantina afirmó que la denunciante era "una profesional íntegra" y que tenía "muy claro cuál debe ser la actuación de un funcionario público".
