Los casos llegados al TSJPV aumentaron un 19% en pandemia

Subijana ha intervenido en el acto de recepción celebrado este miércoles en el Palacio de Justicia de Bilbao, con motivo de la Apertura del año judicial 2021-2022, y ha centrado su discurso en "el valor, el sentido y la función de la justicia".

El máximo representante del alto tribunal vasco ha aludido al "giro radical en lo personal, en lo familiar, en lo profesional, en lo social, en lo económico y en lo político", y ha dedicado "un homenaje profundo" a las víctimas mortales de la pandemia, que ha hecho extensible a los damnificados por la erupción volcánica de La Palma.

Además, ha destacado la "repercusión indudable" que ha tenido la pandemia en el funcionamiento de los juzgados y tribunales, con suspensiones de actuaciones entre el 14 de marzo y el 4 de junio de 2020, salvo las "urgentes e inaplazables", y también la necesidad de cumplir las medidas establecidas para evitar los contagios, que limitaron, asimismo, la capacidad de respuesta del sistema judicial.

Iñaki Subijana ha señalado que, entre el 31 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2021, se han incrementado los casos ingresados en un 19%, de 50.010 a 59.394. En este sentido, ha apuntado que "los deletereos efectos socioeconómicos" de la covid-19, han provocado una subida de asuntos en los órdenes social, civil y contencioso administrativo, preferentemente.

"Este incremento está siendo afrontado por el esfuerzo denotado de los casi 240 jueces y juezas que ejercen la jusridicción en Euskadi, que han incrementado la resolución de demandas de tutela jurídica en un 28%", ha subrayado, para recordar que se ha recurrido también a refuerzos.

Todo ello ha llevado a que en junio de 2021 la tasa de resolución en todos los órdenes jurídicos haya pasado del 0,99 en marzo de 2020 al 1,06 en junio de 2021, lo que ha provocado que la tasa de pendencia disminuya del 1,85 al 1,57, y la de congestión caiga del 2,78 al 2,56.

PONDERACIÓN DE DERECHOS

Tras exponer que en un mundo globalizado la justicia como valor y como sentido no es una tarea exclusiva de los jueces, sino un reto de la comunidad, Subijana ha destacado "el necesario juicio de ponderación" entre los principios de justicia que, cuando se judicializa un conflicto, compete efectuar al juez o tribunal de una forma "independiente, imparcial y razonada". "De ahí que se haya dicho que los jueces son los garantes de la necesaria y dúctil coexistencia entre ley, derechos y justicia", ha manifestado.

Según ha explicado, el juez debe decidir qué principio "debe ser sacrificado y hasta dónde", algo que no "viene predefinido normativamente de una forma completa" porque la ley no dice qué derecho "tiene más valor", por lo que tiene que ser evaluada en cada caso por quien juzga.

En este sentido, ha dicho que siempre existe "el riesgo de incertidumbre y correlativa desconfianza si se quiebra la seguridad jurídica con decisiones contradictorias sobre supuestos idénticos".

En su opinión, "la tensión que deriva de este esquema de actuación en una sociedad democrática se expresa sobre todo cuando se plantea un conflicto entre derechos o intereses esenciales, por ejemplo, entre el derecho a la libertad personal y la salud pública; o entre el derecho de manifestación y el orden público; o entre el derecho a la libertad de información y el derecho a la privacidad o, incluso, entre el derecho a la vida y el derecho a la libertad".

"En ausencia de conflicto cada derecho o interés alcanza máxima expresión y, por lo tanto, es plenamente realizable. Cuando entran en conflicto, sin embargo, uno de los derechos o intereses, el desplazado se encuentra parcialmente irrealizado, generando, de esta manera, un margen de insatisfacción y consiguiente frustración", ha indicado.

ACCESO A LA JUSTICIA

El presidente del TSJPV también ha asegurado que el acceso al sistema de justicia es "una necesidad prioritaria en un modelo constitucional". "El paradigma de la justicia inclusiva conlleva que el espacio de la marginalidad, de la vulnerabilidad y de la fragilidad no alimente una estrategia fáctica que conduzca a la exclusión de la justicia", ha explicado.

El magistrado ha apostado por que la justicia se esfuerce en "bregar por una disminución de la brecha entre las condiciones de ciudadano de iure y las de ciudadano de facto".

DIGITALIZACIÓN

Iñaki Subijana se ha referido al problema de la digitalización en la Administración de Justicia, para afirmar que "es incuestionable que el desarrollo tecnológico debe facilitar una gestión eficaz de lo organizativo y una tramitación eficiente de las peticiones de tutela jurisdiccional".

Por ello, cree "un objetivo insoslayable alcanzar, en un plazo razonablemente corto, la implantación del expediente judicial electrónico". En todo caso, ha advertido que la digitalización "no debe sustituir al espacio de acogida y de comunicación interpersonal imprescindible para estimar que la justicia está al servicio de las personas y no las personas al servicio de la justicia".

"Una Administración de Justicia tecnológicamente avanzada debe formar parte de un sistema de justicia que fomente los espacios físicos que favorezcan el acceso, el acompañamiento y la comunicación presencial, tareas imprescindibles para escuchar, atender, entender y resolver", ha apuntado.

A su entender, tampoco puede la digitalización "fagocitar el escenario del juicio o de las audiencias judiciales como espacio de interacción simbólica, en el que se integran las garantías y la protección como señas de identidad del juicio justo".

VIOLENCIA MACHISTA

Subijana ha abogado, asimismo, por la protección a las víctimas de la violencia machista, "sin desmerecer las garantías inherentes al derecho a la presunción de inocencia".

En este sentido, ha instado a la mejora de la atención a las víctimas en el plano de la información de sus derechos y del conocimiento de las diversas fases del procedimiento judicial; "la potenciación de la figura del acompañamiento físico y emocional para debilitar la sombra de la soledad y desinflar el peso de la ansiedad; la consolidación de los espacios físicos de acogida y espera con el máximo respeto a la privacidad y la mejora de los instrumentos de protección diseñados para neutralizar el riesgo de revictimización".

JÓVENES

Finalmente, ha dicho que la Justicia también tiene una aportación vertebral en el tratamiento de las generaciones más jóvenes, tanto cuando se trata de menores a los que se atribuye la comisión de una infracción penal, como cuando han sido víctimas de un delito.

En el plano de la infracción, ha remarcado que "es clara la apuesta por un modelo garantista", de naturaleza sancionadora-educativa, "con un nítido objetivo resocializador que descansa en la responsabilización y en el compromiso en la reparación del daño".

"Es la manera de permitir la reincorporación comunitaria del menor desde el respeto a la posición de las víctimas, así como la apuesta por una convivencia social pacificadora", ha añadido.