- La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), a raíz de la proliferación de varias iniciativas públicas que generalizan la utilización del certificado de vacunación para acceder a diversos establecimientos, ha requerido a varias comunidades, entre ellas a Canarias, información sobre el uso de ese documento para entrar en locales.

En este sentido, la Agencia ha enviado un requerimiento de información a las consejerías de Sanidad de las comunidades de Canarias y Galicia “con el objetivo de comprobar la licitud del tratamiento de datos personales”. “Las autoridades europeas de protección de datos hemos expresado nuestra preocupación por la utilización de certificados dentro de los Estados para finalidades tales como el acceso a tiendas, restaurantes o gimnasios, así como su uso en otros contextos como el laboral”, expone.

La utilización para estos fines de certificados acreditativos de la situación sanitaria en relación con la covid-19, añadían desde la AEPD, “implica la necesidad de contar con una base legal apropiada que se ajuste a los principios de eficacia, necesidad y proporcionalidad, atendiendo a la existencia de otras medidas de protección que puedan resultar menos invasivas” y “evitando efectos discriminatorios y estableciendo las garantías adecuadas”, manifestaban.

En ese sentido, consideraron que “debe tenerse en cuenta que la vacunación no es obligatoria, que hay colectivos que no pueden recibir la vacuna por razones médicas o de otro tipo” y que “en último extremo, el proceso de vacunación se basa en unos criterios de priorización que suponen que parte de la población aún no haya podido acceder a la vacuna”, apostillaban desde la Agencia Española de Protección de Datos.

Ayer mismo, la Consejería de Sanidad de Cantabria publicaba la resolución que permite a quienes presenten el certificado covid acceder al interior de los locales de hostelería, restauración y salones de celebraciones de aquellos municipios que estén en nivel 3 y 4 (riesgo alto o extremo). En la resolución se establece que podrán entrar a esos locales aquellos clientes que exhiban “un certificado emitido por un servicio público de salud” que muestren que han recibido la pauta completa de la vacuna contra el covid; que han pasado la enfermedad hace menos de 6 meses (entre los 11 y 180 días desde que se detectó el positivo), o que se dispone de una prueba negativa en las últimas horas.

Todo esto ocurría el mismo día en que la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, descartaba “por el momento” estudiar una fórmula para que sea necesario disponer del certificado covid para poder acceder a algunos lugares como bares o restaurantes, tal y como están planteando algunas comunidades, porque, según dijo, se estaría “estigmatizando” a la población joven que no está todavía vacunada.

Rodríguez insistió en que “la posición del Gobierno es evitar el estigma en aquellas personas que no estén vacunadas, que se impidiera el libre desarrollo de personas que no han tenido la oportunidad de vacunarse. Estaríamos estigmatizando a la población más joven”, zanjó.

En este escenario, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmó ayer que el rechazo del Tribunal Superior de Justicia canario a las medidas contra la covid es “un varapalo a la lucha contra la pandemia, no al Gobierno”, y reclamó “unidad de criterio” judicial para evitar el colapso sanitario. Se refería al auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que rechazó exigir el certificado covid en el interior de la hostelería, entre otras medidas. “No lo entiendo, no lo comparto”, resumió el presidente.