La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha considerado que al auto judicial que permite la apertura de los bares en áreas con alta incidencia de covid-19 "debilita las herramientas del Gobierno Vasco para preservar la salud en una situación tan delicada y vulnerable como la actual".
En una comparecencia parlamentaria para hablar de las vacunaciones irregulares en los hospitales de Santa Marina y Basurto, la consejera se ha referido a la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de estimar la petición de los hosteleros para reabrir sus negocios en los municipios en la denominada "zona roja".
Ha asegurado que el Gobierno no comparte ni entiende esta resolución porque las medidas anticovid desplegadas en Euskadi se han adoptado "en línea" con las directrices del Consejo Interterritorial de Salud y de instituciones europeas e internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además siempre se basan, ha añadido, en "informes expertos y dictámenes de la comisión técnica del LABI", que está formada por microbiólogos, epidemiólogos, investigadores y expertos de diferentes ámbitos de la salud. El auto del TSJPV "debilita las herramientas" disponibles para luchar contra la pandemia, por lo que la consejera ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y al civismo para evitar un repunte en los contagios.
Cese de Ibon Etxeberria
También se ha referido al cese de Ibon Etxeberria, miembro del citado comité de LABI que ha sido destituido por saltarse las restricciones de movilidad para viajar de Bilbao a Mungia, a unos 18 kilómetros, para acudir al club de campo de Laukariz, donde hay varias instalaciones deportivas.
La consejera que ha asegurado que Etxeberria ha sido "una de las personas que mayor responsabilidad, trabajo y dificultades tuvieron que soportar frente a la covid-19 cuando esta irrumpió" en marzo pasado y que con su labor contribuyó a "sostener el sistema de salud".
Ha explicado que cuando se le preguntó por lo ocurrido argumentó que "como experto jurídico" -es también director de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales del Departamento de Salud- entendía que a la luz de la "literalidad" e "interpretaciones" de los decretos con medidas preventivas "no había incumplido" ninguna restricción.
Sagardui ha admitido que "en un primer momento se escuchó y entendió las explicaciones", pero tras un lectura "reposada" de la norma y a la "luz del espíritu del decreto, de sus objetivos y de sus recomendaciones" el Departamento de Salud concluyó que "los hechos no se habían ajustado a ese espíritu".
"El traslado fue un error que en las circunstancias que vivimos tiene un alto precio porque se nos exige la máxima ejemplaridad y es por ello que fue cesado", ha añadido.
