Ley Celaá: ¿Qué cambios trae la nueva reforma educativa?

En esta ocasión es la educación concertada la que está en pie de guerra contra la conocida como Ley Celaá, ya que considera que "suprime la libertad de las familias".

Sin embargo, no es el único punto de fricción: el peso del castellano o la religión en la reforma tampoco están exentos de polémica. He aquí un repaso a las claves de esta ley.

Lenguas

Elimina el castellano como lengua vehicular de la enseñanza y como lengua oficial del Estado. Las administraciones garantizarán el derecho a recibir la educación en castellano y en lenguas cooficiales para alcanzar un dominio pleno y equivalente.

Además, en aquellas comunidades con más de una lengua oficial, el alumnado podrá estar exento de realizar la evaluación del área Lengua Propia y Literatura.

Curso

Los alumnos pasarán de curso cuando el equipo docente lo considere y también con una o dos materias suspensas. Repetir será excepcional y el alumno solo podrá hacerlo dos veces como máximo a lo largo de Primaria y Secundaria.

Los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas fijados por el Ministerio no afectarán a más del 50% de los horarios para las comunidades con lengua cooficial ni del 60 % para el resto.

Centros concertados

Elimina la "demanda social" para abrir nuevos centros o aumentar plazas. Asimismo, no podrán percibir cuotas de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito ni imponer aportaciones a fundaciones o asociaciones.

Esta es una de las principales controversias. Una veintena de asociaciones de centros y de padres y madres se han unido en la plataforma Más Plurales, que están emprendiendo una recogida de firmas y convocando manifestaciones frente al Congreso bajo el lema #StopleyCelaá. La plataforma critica "un proyecto de ley fuertemente intervencionista que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo, elemento sin duda clave en una sociedad democrática".

Además, según la ley Celaa, los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos no podrán segregar por sexos.

Distribución del alumnado

La ley incluye una batería de medidas encaminadas a corregir la distribución del alumnado desfavorecido entre la red pública y la concertada. Para empezar, el criterio principal para adjudicar plaza será la cercanía al domicilio y la renta.

Se establecerán, además, comisiones de admisión cuando la demanda de plazas supere la oferta que velarán por la presencia equilibrada en centros con fondos públicos del alumnado con necesidad de apoyo educativo o desfavorecido. Con el objetivo de corregir la segregación "del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza", otorga a las administraciones la capacidad de distribuir al alumnado de estas características.

Además, todos los centros estarán obligados a aceptar un porcentaje de la llamada matrícula viva: la de alumnos -generalmente hijos de inmigrantes- que llegan tras la finalización del periodo de admisión ordinario o con el curso ya empezado.

Suelo público

La nueva ley apuesta por aumentar la red de escuelas públicas y propone un incremento progresivo de puestos escolares en la red pública. La norma pide la colaboración de los municipios para que cedan suelo solo para construir centros de este tipo.

Religión

Su oferta es obligatoria, pero elimina la necesidad de cursar una materia alternativa y la nota no contará para procesos de acceso universitario o a becas.

Además, se incluye una asignatura de valores cívicos y éticos que se estudiará en Primaria y Secundaria, con especial atención al respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia y a la igualdad.

Filosofía

Historia de la Filosofía vuelve a ser obligatoria en segundo de Bachillerato. Desde la ley Wert, la Red Española de Filosofía (REF) ha luchado por recuperar el ciclo formativo en Filosofía (4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato) y llegó a ser un acuerdo unánime en la legislatura anterior. Sin embargo, esta nueva reforma educativa ha eliminado Ética como asignatura obligatoria en 4º de la ESO.

Plazas en infantil

Prevé un aumento de las plazas públicas de 0-3 años y se promoverá la existencia de centros de este tipo que incorporen Infantil con otras etapas educativas.

Educación especial

La ley presta más apoyo al modelo de inclusión, y propone que, en diez años, los centros ordinarios tengan recursos para atender alumnado con discapacidad. Además, las administraciones prestarán apoyo a los centros de Educación Especial.

Contenido transversal

La norma aboga por fomentar de manera transversal la educación para la salud, incluida la afectivo-sexual, desde Primaria. Busca también "fortalecer las capacidades del alumnado en sus relaciones con el planeta" y dotar al alumnado de "un conocimiento profundo" de la historia de la democracia. La ley subraya el desarrollo de la competencia digital de los estudiantes en todas las etapas educativas.

Mujeres en ciencia

Aboga por impulsar el incremento de alumnas en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, así como promover la presencia de alumnado masculino en estudios con notoria mayor matrícula de mujeres.

Certificación en secundaria

Los alumnos recibirán al concluir la ESO una certificación oficial con los años cursados y el nivel de las competencias.

Bachillerato

Se podrá hacer en tres años y también se contempla la posibilidad de que el equipo docente decida la obtención del título por el alumno que haya superado las materias salvo una.

Alumnos sin cualificación

Las Administraciones podrán organizar programas formativos para mayores de 17 años sin cualificación, para permitirles un título de Formación Profesional o certificación académica.

Inspectores

Se introducen cambios en el acceso a la inspección: la fase de concurso valorará la trayectoria profesional del candidato y sus méritos, mientras que la fase de oposición será una valoración de capacidades y no una prueba.