- La Policía Nacional y la Guardia Civil mejorarán los atestados ante los casos de okupaciones, de forma que en ellos se incluya más información para agilizar el desalojo judicial cautelar de un inmueble allanado o usurpado, al tiempo que cualquier ciudadano podrá alertar con su móvil a los agentes de la comisión de estos delitos de forma inmediata.
Son algunos de los aspectos más relevantes que contempla la instrucción del Ministerio del Interior a las fuerzas de seguridad publicada ayer y que la víspera avanzó el ministro Fernando Grande-Marlaska, con el objetivo de dotar a los agentes de un protocolo de actuación más claro y eficaz ante las okupaciones.
Como norma general, los policías solo podrán desalojar sin autorización judicial en caso de delito flagrante, algo que, según el Tribunal Supremo, debe responder a tres criterios: inmediatez en la acción (se tiene que estar cometiendo), inmediatez personal y necesidad urgente de intervención policial.
En el resto de casos cuando no se puede acreditar esa flagrancia, el desalojo tendrá que instarlo la Fiscalía.
Fuentes del departamento de Grande-Marlaska dejan claro que el protocolo no es una norma, sino una instrucción para “clarificar” y “homogeneizar” los modos de actuación de las fuerzas de seguridad conforme a la legislación actual y de acuerdo con los criterios establecidos por la Fiscalía General del Estado en otra instrucción publicada la semana pasada.
Desde Interior admiten que si bien las okupaciones no se han incrementado notablemente, existe una percepción subjetiva de inseguridad ligada a este fenómeno y, por tanto, hay que darle respuesta.
