Los arrestos de Zaldibar fueron por los avances en la investigación

El arresto del propietario de la empresa gestora, la gerente y administradora única de la misma y del ingeniero jefe -ayer todos ellos permanecían en dependencias policiales- es parte del procedimiento abierto desde un principio por la Ertzaintza para tratar de resolver los interrogantes que rondan a esta tragedia humana originada en la que muchos consideran la mayor catástrofe ambiental en la historia de Euskadi con el colapso del vertedero más voraz existente en la CAV.

La lógica discreción con que actuó la Ertzaintza, en el ecuador de un verano atípico marcado por la evolución del covid-19 y apenas una semana después de las elecciones al Parlamento Vasco, causó el lógico malestar en la empresa pero fue aplaudida por la plataforma ciudadana que lleva meses pidiendo aclarar lo ocurrido en la escombrera. El repentino e inesperado movimiento de los agentes judiciales de la Ertzaintza que llevan el peso de la investigación de este dramático suceso sí que había sido puesto en conocimiento de los juzgados de Durango -que investiga la desaparición de Sololuze y Beltrán- y el de Eibar -que instruye las denuncias por los supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores y contra el medio ambiente- y de las Fiscalías. Y quizás hoy se puedan saber los cargos que se les imputan.

Fue en esa comunicación oficial con las autoridades judiciales implicadas en el esclarecimiento de los hechos cuando se abordaron aspectos relacionados con las pesquisas sobre el caso en cuestión y, de paso, "se propuso la detención de los posibles autores de presuntos delitos investigados". Así lo manifestaban ayer fuentes del Departamento de Seguridad después de que tanto la titular del juzgado nº1 de Durango como el propio Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) tuvieran que puntualizar que los arrestos de los tres directivos de Verter Recycling se enmarcan estrictamente en el ámbito policial.

Ninguno de los dos juzgados que instruyen los procedimientos abiertos por posible delito contra la vida y la salud de los trabajadores y por otro supuesto delito contra el medio ambiente firmaron esas órdenes, por lo que no se harán cargo de Barinaga, su sobrina y el director técnico de la planta hasta que pasen a disposición judicial, algo que ocurrirá hoy mismo.

La detención de los tres altos cargos de Verter Recycling ha dejado al descubierto otro asunto, llamativo cuanto menos. Y es que la empresa gestora de la escombrera rechazó ayer la intervención contra "dos representantes de la propiedad" sin referirse en ningún momento al tercer investigado y detenido. En una nota remitida a los medios de comunicación tachan de "desproporcionada" y "contraria a derecho" la actuación desarrollada por la Policía Judicial de la Ertzaintza.

En opinión de los servicios jurídicos de la empresa propietaria de la planta de residuos industriales que se desmoronó y arrastró miles y miles de toneladas de basuras ladera abajo, el procedimiento judicial se encuentra en una fase preliminar de diligencias previas en la que se están estudiando e investigando las posibles causas de la rotura del vaso del vertedero que provocó la desaparición de Alberto Sololuze y de Joaquín Beltrán, además de un grave problema ambiental, entre otras cosas. Entienden, por tanto, que hasta que no se avance en el proceso judicial y "hasta que no existan datos y hechos contrastados", la detención de Barinaga y su sobrina está "totalmente injustificada".

No son de la misma opinión en la plataforma ciudadana Zaldibar Argitu, cuyos portavoces calificaron de "buena noticia" la "contundente y necesaria" detención practicada por la Ertzaintza "aunque llegue tarde". Eso sí, insisten en exigir responsabilidades políticas por el desprendimiento que sepultó a los dos operarios de la planta; por ejemplo, reclamando que el socialista Iñaki Arriola, consejero de Medio Ambiente cuando se produjo el suceso, no repita en el nuevo Gobierno Vasco.

"Verdad jurídica". Los partidos de la oposición volvieron a pedir explicaciones y EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP consideraron que el Gobierno Vasco en funciones debe asumir responsabilidades. Por su parte, los dos partidos que sustentan al Ejecutivo en funciones, PNV y PSE, mostraron su confianza en la investigación abierta para esclarecer lo sucedido en el vertedero. El parlamentario jeltzale PNV Iñigo Iturrate dijo que "hay que esperar a que la Justicia actúe y que dé verdad jurídica a lo que sucedió".