- La aplicación digital que el Gobierno francés lanza mañana para ayudar a controlar la epidemia de coronavirus, StopCovid, se ha topado con la oposición de los defensores de los derechos civiles, que ven en ella un riesgo para las libertades individuales.

Ese nuevo dispositivo, de uso voluntario, permitirá a quien haya dado positivo alertar automáticamente al resto de usuarios con los que el bluetooth de su teléfono haya estado en contacto a menos de un metro y como mínimo durante 15 minutos para que estos últimos puedan hacerse la prueba y frenar así la cadena de contagios.

Sobre el papel, al menos para el Ejecutivo, todo son ventajas. “Es una herramienta importante de protección personal y colectiva. Responde a un imperativo sanitario, pero también social: hacer todo para evitar un resurgimiento de la epidemia”, indicó el secretario de Estado de la Economía Digital, Cédric O.

StopCovid estará operativa desde mañana, día del inicio de una nueva fase de la desescalada en Francia, y ha obtenido la aprobación del Parlamento y de la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), encargada de velar por la protección de datos en Francia.

Pero desde que fue anunciada el 8 de abril es foco de inquietudes, aunque el Gobierno asegura que será imposible conocer la identidad del usuario o geolocalizar dónde ha estado y que su utilización se mantendrá voluntaria y limitada a la duración de la pandemia, que en Francia ha provocado unas 28.700 muertes.

“Nunca hay garantías al 100%”, dice Anne-Sophie Simpere, experta de la ONG Amnistía Internacional (AI) en la defensa de las libertades.

Las críticas sobre los peligros de esa aplicación que también se plantean otros países europeos coinciden. Para que fuera eficaz, debería descargársela el 60% de la población, pero experiencias similares en Singapur o Corea del Sur reflejan que el porcentaje de uso no superó el 30%.

La aplicación podría no detectar casos positivos o, al contrario, crear alertas innecesarias y añadir presión al sistema sanitario.