madrid - El Gobierno advirtió ayer que "responderá con contundencia" ante el pin parental o cualquier actuación que vulnere los derechos de los menores y anunció que recurrirá por la vía administrativa o judicial las medidas que en este sentido tomen PP, Vox y Ciudadanos. Lo dijo la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, tras la reunión del Consejo de Ministros, donde se decidió enviar un requerimiento al Gobierno de Murcia para que retire el pin parental incluido en las instrucciones de este curso (publicadas en agosto) y que establece que los padres den su autorización previa y expresa ante actividades impartidas por personas ajenas al centro. La ministra de Educación, Isabel Celaá, y la de Igualdad, Irene Montero, expresaron también en la rueda de prensa posterior al Consejo su rechazo al pin parental -una exigencia de Vox en la negociación de los presupuestos regionales- al que han calificado de "censura educativa". "Vulnera el derecho fundamental de los niños a ser educados. Es un instrumento de censura educativa que no podemos tolerar en nuestras escuelas", enfatizó Celaá.
Por su lado, la ministra de Igualdad, Irene Montero, anunció que va a solicitar su comparecencia en la Comisión del seguimiento del Pacto de Estado contra la violencia machista al considerar que el pin parental supone "una clara ruptura" del mismo, ya que incluye la educación afectivo-sexual". "Los hijos e hijas de padres y madres machistas tienen el mismo derecho a ser educados en valores igualitarios", "en libertad y en feminismo", "de amar a quien quieran y cuando quieran", manifestó Montero. "Cuando la educación afectivo sexual por educadores expertos desaparece de las políticas públicas se acude a otras fuentes", advirtió en un tuit la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, quien alertó: "Ya hemos visto las consecuencias de su sustitución por la pornografía". La ministra de Educación confió en que Murcia atienda al requerimiento pero, de no ser así, dijo que "para eso están los tribunales".
La norma de Murcia responde a la propuesta electoral de Vox para que "los padres tengan libertad para elegir la educación de sus hijos y se precise su consentimiento expreso para cualquier actividad con contenidos de valores éticos, sociales, cívicos morales o sexuales". Fue una de las exigencias de ese partido en los acuerdos de gobierno con PP y Ciudadanos en Murcia y también es uno de los requisitos que el partido de Santiago Abascal quiere imponer en la Comunidad de Madrid y en Andalucía para dar apoyo a sus presupuestos.
Precisamente ayer, el consejero andaluz de la Presidencia, Elías Bendodo, defendió la aplicación del pin parental o "derecho a decidir" de los padres sobre la educación de sus hijos, y sostuvo que cuando se concrete esta medida será "dentro" del marco legal y de la ley de Educación.
Desde Madrid, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado (Ciudadanos), aseguró que no se ha dado "ningún paso" para implantar esta medida y emplazó al partido de Abascal a presentar en la Asamblea una ley si quiere cambios normativos al respecto. Sin embargo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dijo que "cualquier medida" como el pin parental le parece "adecuada y acertada" para "garantizar el derecho fundamental" de los padres a educar a sus hijos "libremente".
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, defendió que el pin parental funciona en la Región de Murcia con "normalidad" desde hace "ocho meses" sin generar "ninguna queja", y acusó al PSOE de estar ocupado "abriendo embajadas en el exterior con Torra y Puigdemont" para que "se haya dada cuenta ahora".
Desde Vox, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, defendió su implantación en Murcia argumentando que "los padres saben mucho mejor que los profesores lo que es mejor para sus hijos". Además, Espinosa equiparó el pin parental con la autorización que ya dan los padres para que sus hijos cursen o no religión, una asignatura que entienden debe continuar siendo voluntaria y al margen del currículum escolar.
"ilegal" Diferentes sindicatos docentes consideran "ilegal" el pin parental y recuerdan que existen numerosos mecanismos de control, incluso para las familias, sobre los contenidos curriculares y los planes educativos en los centros educativos.
UGT, por su parte, aseguró que lo recurrirá si pretenden implantarlo en la Comunidad de Madrid, ya que "vulnera el derecho del alumnado a una educación integral y transgrede los principios constitucionales y los Acuerdos Internacionales sobre Derechos Humanos firmados por el Estado", incitando "al odio y la segregación". - Efe/E.P.
Progenitores. El pin parental es una solicitud dirigida a los directores de los centros en la que los padres piden ser informados antes, a través de una autorización expresa, sobre materias o actividades sobre cuestiones sobre identidad de género, feminismo o diversidad LGTBI, de forma que los progenitores puedan dar su consentimiento para que su hijo asista o no.
Gobierno. El Ejecutivo se opone "porque el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales no pueden estar por encima del derecho de los niños a recibir una educación".
