ALMERÍA - El pequeño Gabriel Cruz pudo estar agonizando entre 45 y 90 minutos desde que su presunta asesina, Ana Julia Quezada, le propinase los primeros golpes y, transcurrido ese tiempo, le asfixiara. Contundente, Francisco Torres, el abogado de la familia del niño, captó la atención en la primera sesión del juicio en la Audiencia Provincial de Almería. El juicio contra Ana Julia Quezada comenzó ayer en la Audiencia de Almería sin que declarara la acusada, que se enfrenta a una petición del fiscal y de la acusación particular de prisión permanente revisable por asesinar al niño Gabriel Cruz, testimonio que prestará mañana martes.
Quezada llegó poco antes de las nueve de la mañana a la Audiencia escoltada por agentes de la UPR de la Policía Nacional y permaneció en los calabozos hasta poco antes de las doce y media, a la espera de que se constituyese el jurado popular que la enjuiciará hasta el próximo 18 de septiembre.
Siete mujeres y dos hombres forman este órgano que durante la jornada únicamente pudo asistir a la lectura de los escritos provisionales de la acusación y de la defensa, así como a la exposición inicial de la fiscal Elena María Fernández, el abogado de la acusación Francisco Torres y el de la defensa, Esteban Hernández Thiel.
Quezada comenzó la vista con lágrimas en los ojos, mientras la fiscal solicitaba incorporar dos pruebas: un reportaje fotográfico de la zona en la que desapareció Gabriel realizada por el Laboratorio de Criminalística, así como la evaluación económica de la búsqueda.
La fiscal Elena María Fernández aseguró en su intervención que el pequeño “no tuvo opción de salir con vida” de la finca de Rodalquilar (Níjar, Almería), en la que falleció. “Con claro ánimo de ocasionarle la muerte, de modo deliberado, consciente, a sangre fría y con absoluto desprecio a la vida”, Ana Julia le dio “muerte de una forma tan repentina, inmediata e impredecible que anuló toda capacidad de reacción de este niño”, ha sostenido. También añadió que Gabriel no podía esperar además “de ninguna manera un ataque que procede de una persona que es pareja de su padre”, que había generado “confianza” en él por pertenecer al entorno familiar del niño.
Las fiscal defendido que “más allá de este ataque” que pilló “desprevenido” al menor, Ana Julia aprovechó la absoluta “situación de desamparo y desvalimiento” propia de un niño de “8 años que pesaba 34 kilos”, por el “desequilibrio de fuerzas” entre ambos que le dio una “mayor facilidad para cometer el delito y asegurar el resultado de muerte”.
El letrado de la acusación particular, Francisco Torres, reiteró que el pequeño estuvo “cerca de una hora con posibilidad de salvarse de haber habido una simple llamada” y que a muerte del menor no pudo ser un accidente, como mantiene la defensa de Quezada, asegurando además que “no cabe tanta maldad, hacer tanto daño a un niño” como el que, afirma, ha hecho la acusada.
“Pudo hacer con el niño lo que quisiera”, aseguró el letrado, quien subrayó que le dio una “manta de palos antes de asfixiarlo”. “La secuencia de los hechos es que lo mata y se pone a fumar y a hacer el hoyo, transcurrida una hora, vio que aún respiraba y entonces lo asfixió”, señaló.
“La sensación que tenemos es que seguramente lo quiso descuartizar. Hay un móvil doble. Un móvil económico. Ya iba repartiendo. El segundo móvil es que, objetivamente, Gabriel le estorbaba”, incidió.
El abogado defensor, Esteban Hernández Thiel, sostuvo si el pequeño falleció porque “todo estaba planeado” como sostienen acusación particular y Fiscalía, “parece una chapuza enorme”. “Matarle en la vivienda de su padre; quedarse allí con el revuelo mediático que se forma; seguir con ellos -con los familiares-... Un móvil que tiene poco sentido”, mantuvo ante el jurado, insistiendo en que su intención no era provocar lesiones al niño, ni añadir un sufrimiento a los padres sino que “no se descubriese lo que había hecho” posteriormente.
La vista continuará hoy con la declaración de Quezada, así como la de los padres, la abuela y una prima menor de Gabriel, entre otros, además de la propia hija de la acusada, que reside en Burgos. - DNA
