MADRID. Capitanía Marítima del puerto de Barcelona, dependiente del Ministerio de Fomento, ha prohibido zarpar al Open Arms, después de que desembarcaran 308 personas migrantes -140 niños- que ni Italia ni Malta, los puertos seguros más cercanos, quisieron acoger, explica en un comunicado.
Por este mismo motivo, la Capitanía Marítima del puerto de Pasaia también ha desautorizado al barco Aita Mari a poner rumbo a aguas libias, añade.
Save the Children destaca que según los convenios internacionales, las embarcaciones deben llevar a los náufragos al puerto seguro más cercano, como así hicieron, y que su labor de rescate es fundamental para garantizar la seguridad y los derechos de las personas migrantes en el Mediterráneo, donde el año pasado más de 1.300 personas perdieron la vida intentando llegar a Europa.
La organización considera fundamental la labor de estos barcos en la protección de las personas migrantes en el mar, especialmente en aguas libias, donde tan solo hace unos días murieron al menos 170 personas en dos naufragios. "El dejar en puerto a estos barcos condena a la muerte a personas que pueden y deben ser salvadas", indica.
“Ante la omisión de sus responsabilidades por parte de los países europeos, estos barcos de rescate son la última esperanza para personas que huyen de la violencia y pobreza en sus lugares de origen. La prioridad en esta crisis debe ser salvar vidas y no frenar el flujo migratorio”, señala Vicente Raimundo, director de Programas en España de Save the Children.
La organización insiste en que la obligación de asistir a las personas que se encuentren en peligro en el mar es uno de los principios básicos y esenciales del Derecho Marítimo, y así lo reconoce toda la legislación internacional ratificada por España.
La ONG exige a España y al resto de gobiernos europeos a que formen parte de las operaciones de búsqueda y rescate de migrantes en el Mediterráneo, así como a que facilite el trabajo de las organizaciones humanitarias en las mismas.
