Madrid - Un total de 2.761 personas están encarceladas por delitos sexuales en el Estado español y solo 230 de ellos (poco más del 8%) participa de forma voluntaria en los programas terapéuticos y de rehabilitación que Instituciones Penitenciarias tiene en marcha desde hace dos décadas para evitar la reincidencia. “El principal reto de cualquier sistema penitenciario es conseguir que los presos salgan en mejores condiciones de las que entraron. En la medida en que esto no se consiga, el sistema fracasa”, señala el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.

Pese a hechos tan graves como el asesinato de Laura Luelmo a manos de Bernardo Montoya, que había salido de la cárcel dos meses antes, el secretario general considera que la institución penitenciaria española está internacionalmente “bien valorada”, pero hay margen de mejora. Y puede hacerse, según Ortiz, insistiendo en los programas de tratamiento; en una mayor dotación de personal especializado, que ahora es insuficiente, y en la creación de condiciones idóneas para que el condenado se preste voluntariamente a esos programas.

Los últimos datos disponibles cifran en 69% el porcentaje de reclusos que no vuelven a delinquir, pero todavía hay un 31% de “perfiles de difícil reinserción”. Y sobre los que se tiene “casi toda la seguridad de que al salir van a seguir delinquiendo”, el máximo responsable de Prisiones defiende la aplicación de la libertad vigilada, una medida del Código Penal relativamente nueva y que establece once posibilidades de control para este tipo de presos. “Uno de los retos importantes es hacer eficaz esa libertad vigilada”, pero para ello se necesitan los “recursos necesarios” y que se despejen las dudas sobre la administración competente en la aplicación de cada medida de control, enfatiza - Efe