vitoria - Cerca de 370.000 estudiantes volverán hoy a las aulas en Euskadi. El curso 2018-2019 se presenta intenso en el plano político y laboral, con el inicio del debate parlamentario de la Ley Vasca de Educación y el conflicto abierto por la renovación del convenio en los colegios concertados, dos cuestiones que pondrán a prueba la cintura del Departamento de Educación. Además, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez se ha comprometido a revertir los recortes del decretazo de 2012, así como a dejar sin efecto los puntos más controvertidos de la ley Wert, después de que la ministra de Educación, Isabel Celaá, descartase su derogación hasta que se apruebe una nueva ley educativa nacida del consenso. No parece una tarea sencilla teniendo en cuenta el juego de mayorías que hay en el Congreso, así que todo apunta a que queda Lomce para rato, al menos en su versión descafeinada.
En lo puramente académico, el curso llega con la implantación del plan antibullying [Bizikazi] en todos los centros públicos, y 28 institutos de Educación Secundaria del proyecto Hauspoa tendrán jornada continua como estrategia para mejorar los resultados y la convivencia con clases de refuerzo. Poner coto a la segregación escolar del alumnado más desfavorecido y mejorar los resultados académicos tras el retroceso en Matemáticas, Ciencias y Lectura advertido por las evaluaciones internacionales de PISA o PIRLS siguen siendo dos de los retos del sistema.
Así, por segundo año consecutivo, se seguirá desplegando el Plan Lector y se pondrá en marcha la Estrategia STEAM Euskadi, con la que se persigue mejorar la capacitación del alumnado en Ciencia, Tecnología y Matemáticas. Además, el Departamento pretende impulsar las vocaciones en estas ramas, especialmente entre las chicas por el retroceso de la matrícula. En cifras globales, las nuevas matriculaciones en los últimos cuatro cursos de estas ramas de FP y universidad han descendido en Euskadi, del 41% de las nuevas matrículas en el curso 2012-2013 al 38% en el 2015-2016. En el caso de las chicas, han pasado de representar el 14% del alumnado de estudios STEM de FP en el 2008-2009 a solo el 9% en el pasado curso. En la universidad, la evolución también es negativa y cada vez menos chicas eligen grados STEM, apenas el 31%.
Sin evaluación en 6º de Primaria Si se cumple el acuerdo del Departamento de Educación con la mayoría sindical que puso fin en primavera al conflicto de la red pública, este curso se dará un paso de gigante en el objetivo de favorecer la equidad en la escuela pública, que concentra a la mayoría del alumnado migrante y desfavorecido. El punto 8 de pacto laboral firmado con Steilas, LAB, CCOO y UGT define el Índice de Necesidades Educativas (INE) con el que Educación apoyará con recursos y docentes a aquellos centros que más lo necesitan. El índice mide ocho factores: los resultados escolares, el índice socioeconómico y cultural, el origen del alumnado y sus familias, el número de repetidores, el número de estudiantes con necesidades de apoyo educativo específico, el número de años que el alumnado se mantiene en un centro, el número becas y la estabilidad del profesorado. El Departamento prevé que 140 centros de Infantil Primaria y Secundaria podrán beneficiarse de esos recursos adicionales para atender mejor sus realidades. Parece el principio del fin del café para todos.
En el segundo cuatrimestre, el ISEI-IVEI realizará la Evaluación de Diagnóstico de mitad de etapa -en 4º de Educación Primaria y 2º de Educación Secundaria- para comprobar el nivel académico y establecer las medidas correctoras en el Plan de Mejora del centro. Aunque obligatoria, esta evaluación externa no tiene efectos académicos en el expediente del alumnado. Como novedad, en la Resolución de la Organización del Curso 2018-2019 en los Centros Públicos de Infantil y Primaria no aparece la Evaluación de sexto de Primaria. Esta sorprendente ausencia hace pensar que se cae definitivamente del calendario de evaluaciones externas la controvertida prueba de fin de etapa introducida por la Lomce y que el año pasado hicieron de modo experimental 5.283 estudiantes de 114 colegios.
La concertada en ‘pie de guerra’ Los sindicatos de la red concertada ya han anunciado un “otoño caliente” para forzar a Kristau Eskola, AICE y Centros Diocesanos a sentarse a negociar un nuevo convenio colectivo para los 11.000 profesionales que trabajan en el sector. Las centrales sindicales mantienen las espadas en alto porque no se han producido avances en la negociación tras las tres huelgas del curso pasado que tuvieron lugar el 20 marzo, 15 y 16 de mayo. Reclaman la gestión de horas complementarias y el reconocimiento del trabajo realizado fuera del centro del personal docentes, mejorar las condiciones laborales de los sectores más precarizados del convenio (Especialistas de Apoyo Educativo y primer ciclo de Educación Infantil) así como recuperar el poder adquisitivo perdido y mantener el empleo. Kristau Eskola se apoya en la “infrafinanciación” pública de la red concertada y en el descenso de la natalidad para justificar la falta de avances. Por su parte, el Gobierno Vasco llama a patronales y sindicatos a dialogar.
En este punto, como en el debate de la Ley Vasca de Educación, la financiación de las redes volverá a la primera línea de la actualidad. Como es sabido, la mayor parte de la financiación pública llega a los centros concertados vía módulo de concertación. La Ley 3/2010 recortó el módulo en un momento en la que las administraciones estaban aplicando recortes. Como consecuencia, los centros empezaron a recibir menos dinero. En 2011 el módulo era inferior del presupuestado en 2010: un 1,8% menos en Infantil y Primaria, un 1,7% menos en ESO 1 y un 2,8% en ESO 2 y Bachiller. La cuestión es que el módulo de 2010 sobre el que se calculan esos descensos había subido de manera muy importante respecto al de 2009: un 4,3% en Infantil, un 4,2% en Primaria, un 3,9% en ESO 1, y un 3,7% en ESO 2 y Bachilleres. Es decir, se ha recortado pero no tanto.
Hay que tener en cuenta además que Euskadi es la única comunidad que financia los niveles no obligatorios de 0-3 años y Bachillerato (65 millones y 107 millones de euros en 2017). Junto a la financiación ordinaria vía concierto, los centros reciben dinero de convocatorias a las que se presentan (contratos de especialistas de apoyo, sustituciones IRALE, proyectos de normalización lingüística, innovación, convivencia, FP?). En el Presupuesto de 2018 el Gobierno Vasco contempla cerca de 670 millones de euros exclusivamente para la concertada, un 33% de todo el presupuesto. Habrá que ver cómo se desarrollan las negociaciones y cuál es el papel que adopta el Departamento de Educación, presionado desde hace años por Kristau Eskola e Ikastolen Elkartea para fije la financiación en función del servicio público que realizan los centros y no de la titularidad de los mismos.
Es muy probable que un hipotético cambio del modelo de financiación del sistema educativo vasco y la definición del servicio público mediatizarán el debate parlamentario de la Ley Vasca de Educación, aunque el Gabinete de Cristina Uriarte haya intentado por todos los medios dejar ambas cuestiones fuera del tablero de juego, consciente de las ampollas que levantaría en los partidos de izquierdas, incluidos los socialistas.
Formación Profesional. Además de la etapa Obligatoria, hoy comienzan las clases en Bachillerato y Formación Profesional. Este curso se seguirá extendiendo la FP dual, que combina la formación en el centro con el aprendizaje en la empresa de forma remunerada, una fórmula que logra un nivel de inserción laboral del 90% a tres tres meses de concluir. Son ya 50 los títulos que se ofertan en este tipo de formación, 18 especialidades, 2.000 alumnos y 1.200 empresas. Se espera que los datos de participación suban.
