Vigo - El juzgado de instrucción número tres de Vigo, en funciones de guardia cuando se derrumbó una pasarela en el festival O Marisquiño, con el resultado de 428 personas heridas, investiga la presunta comisión de un delito de lesiones imprudentes. La iniciativa tiene como objeto esclarecer los motivos del hundimiento de la pasarela y las eventuales responsabilidades que se puedan derivar de estos hechos.

Mientras tanto, Ayuntamiento de Vigo y Autoridad Portuaria se reprochan mutuamente no haber realizado las labores de mantenimiento y vigilancia del buen estado de la pasarela. La estructura de la polémica, de hormigón y madera, se desplomó el domingo por la noche durante uno de los conciertos de cierre del certamen de deporte y música y, del total de lesionados, hay seis que siguen hospitalizados, uno de ellos en la UCI.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, insistió ayer en que el Ayuntamiento cumplió los requisitos legales para autorizar la celebración del concierto de O Marisquiño que días antes del festival hubo una reunión con presencia de bomberos, Policía y técnicos, sin que nadie pusiera ninguna “objeción” a la seguridad.

El alcalde reiteró que la zona colapsada es de responsabilidad “exclusiva” del Puerto, dado que tiene uso portuario náutico deportivo. Asimismo, repitió que “lo que se hundió no fue un paseíto de madera, sino una gran estructura de hormigón”, de construcción anterior al proyecto de Abrir Vigo al mar, y que “no está en ningún convenio” de mantenimiento. Señaló que, con respecto a la celebración del evento, la responsabilidad del Ayuntamiento se restringe a la exigencia de un plan de autoprotección a la empresa organizadora.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, está convencido de que el derrumbe de la pasarela acabará en juicio, puesto que “aquí va a haber que indemnizar a los afectados” y determinar las competencias.

Causa judicial En cuanto a la instrucción judicial, para una mejor y más ágil tramitación de la causa, el juzgado decidió que se abra una pieza separada por cada uno de los perjudicados. La comisión judicial, formada por la magistrada titular del juzgado, una letrada de la Administración de Justicia y un miembro del Ministerio Fiscal, se constituyó el lunes en la zona del suceso para realizar una inspección ocular. Tras la misma, la jueza ordenó no sólo el precinto de la zona que se vino abajo, sino de todo el entarimado por motivos de seguridad. Únicamente permanece abierta al paso una pequeña área que da acceso a los pantanales y que no supone riesgo para el público.

La jueza acordó también que tanto policía científica como judicial realicen las tareas necesarias para aportar luz a lo acontecido. Entre estas diligencias se encuentra la realización de periciales e, igualmente, solicitar diferente documentación de Ayuntamiento y al Puerto, así como a la organización del evento. - Efe