donostia - La reforma y actualización de la ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión social constituye una prioridad del Gobierno Vasco. Una reforma con la que 60.000 ciudadanos vascos se juegan su calidad de vida pero que por el momento vive un compás de espera, a falta de un acuerdo con la oposición. Joseba Zalakain, director del Centro de Estudios y Documentación (CiiS) advierte que no se debe esperar de ella un maná caído del cielo. “Un sistema de rentas mínimas es paliativo”, por lo que entiende que la verdadera batalla se libra con el empleo digno y de calidad, que permita acceder a una vivienda.

Según los últimos estudios, la pobreza no crece pero sí se cronifica. Entretanto, la reforma de la RGI del Gobierno Vasco sigue en barbecho. ¿No hacen falta respuestas inmediatas?

-Respuestas inmediatas ya se están dando porque la RGI sigue funcionando, y sigue reduciendo la pobreza en Euskadi. Con todas sus carencias, sigue siendo muy útil y efectiva para reducir la pobreza. La RGI hay que modificarla, mejorar el modo de gestión, pero tampoco veo que haga falta una respuesta inmediata.

¿Cuáles son a su juicio las necesidades más acuciantes?

-Sin duda, el empleo y la vivienda. Lo que hoy está generando pobreza es el empleo precario. Muchas personas con trabajo no pueden dejar de ser pobres, bien porque trabajan pocas horas o porque tienen unos salarios muy bajos.

¿La crisis es cosa el pasado o no?

-Está saliendo de la crisis un porcentaje elevado de la población, pero el problema es que los salarios más bajos siguen cayendo. La crisis afectó especialmente a quienes ya estaban mal antes, y eso guarda una relación directa con el problema de la vivienda. A una persona con un sueldo convencional se le puede ir en el abono de la renta un 40% de sus ingresos, pero quien tiene bajos ingresos se ve obligado a destinar el 70 u 80% de su salario. Es algo inasumible.

Hay personas que, se quiera o no, jamás podrán subirse al tren laboral por su escasa cualificación en un mercado cada vez más competitivo. ¿Qué ocurrirá con esas personas?

-El objetivo es ofrecer oportunidades a todo aquel que esté en condiciones de trabajar. Pero es verdad que hay un sector de la población al que el empleo no le va a dar más calidad de vida, o no van a poder acceder a él. Hace falta darles una mínima seguridad económica y buscar otras formas de inclusión, que quizá tengan más que ver con lo cultural, con la participación social.

El Plan de Inclusión Social Elkar-Ekin ha nacido como estrategia para ayudar a los sectores más desfavorecidos, otorgando un papel crucial a la comunidad, a la necesidad de estrechar lazos entre los vecinos. ¿No es buscar la cuadratura del círculo en una sociedad cada vez más individualizada?

-No lo creo. Me parece un enfoque adecuado, porque es necesario combinar las herramientas que tiene que aportar la Administración con una intervención más activa de la sociedad. Tenemos que partir de la base de que hay muchos campos de actuación a los que es imposible que llegue la Administración. La sociedad tiene que adoptar un mayor comp romiso. Inclusión es empleo, pero también es ocio y cultura, y ahí la comunidad tiene mucho que aportar.

El papel lo soporta todo. La teoría es muy bonita. ¿Pero cómo se consigue que la sociedad adopte ese compromiso de manera activa?

-Se consigue de dos maneras. Por un lado, haciendo caso de los países que están trabajando en esa línea. En segundo lugar, teniendo claro que ese es el objetivo, y poniendo los medios necesarios. La Administración, por decreto, no puede convertir a la sociedad en solidaria, pero sí puede sentar las bases.

¿Qué referencias existen de esa línea de trabajo?

-En el caso de Reino Unido, por ejemplo, no funcionó, porque se planteó como una fórmula quitaba responsabilidad a lo público. Pero hay experiencias positivas en países nórdicos o en la propia Italia, donde se ha trabajado a nivel de barrio, y la gente ha ido respondiendo.

¿Gipuzkoa ha llegado tarde en la atención a las personas mayores?

-No lo creo. Es cierto que las políticas sociales se empezaron a implantar en el territorio en los años 80, más tarde que en otros países. Veníamos de un modelo de país franquista, pero se ha hecho mucho desde que gobiernos e instituciones comenzaron a asumir competencias. Respecto a la atención a personas mayores, hoy en día estamos incluso mucho mejor que países como Francia o Inglaterra. No diría que Gipuzkoa ha llegado tarde.

¿Pero no cree que las políticas cortoplacistas de gobiernos de todos los colores no han querido anticiparse a un problema, como el del envejecimiento, que se vislumbraba desde hace décadas?

-Lo que ha ocurrido es que en Euskadi nos hemos dedicado a atender a lo más urgente. Hay una dotación muy buena de plazas residenciales y centros de día para una población en situación de dependencia. El sistema está muy desarrollado. Se ha trabajado bien, aunque donde no se han hecho los deberes es en la atención a las personas en situaciones menos graves.

¿A qué se refiere?

-A todo aquello que tiene que ver con situaciones de fragilidad, de prevención, de atención a personas que están en situaciones de dependencia pero que residen en sus domicilios. Sabemos desde hace mucho tiempo que atender a estas personas en sus domicilios es crucial. Sin embargo, no se ha podido invertir tanto como hubiera sido necesario porque los recursos han estado centrados en lo más urgente.

¿La distribución competencial actual es la más adecuada para el reto que se avecina?

-Lo más especializado y urgente lo lleva la Diputación y el trabajo preventivo lo asumen los ayuntamientos. El problema que nos encontramos es que los consistorios no tienen la suficiente capacidad económica ni técnica, y ahí nos encontramos con una cuestión clave para Euskadi.

¿Los ayuntamientos son la hermana pobre del sistema de prestaciones sociales?

-Se les ha encomendado unas funciones que son determinantes. Toda la prevención, la atención directa y la proximidad con la ciudadanía está en sus manos. La actuación de los servicios sociales de base es la que permite que las personas no ingresen en residencias?

Y para eso hacen falta recursos?

-Ahí está el problema. Si queremos que sigan realizando esa labor preventiva, hay que dotarles de recursos técnicos. Ahí sí que creo que hemos llegado tarde. Hay que plantear otro tipo de intervención.

¿Hasta qué punto es importante Adinberri, el proyecto estrella de la Diputación para gestionar el reto del envejecimiento?

-Un aspecto clave que introduce es la innovación en la atención de las personas, tanto en sus casas como en centros residenciales.

¿Innovar en qué sentido?

-El modelo de atención en los cuidados va a cambiar. Se va a centrar mucho más en las personas, se les va a conceder un mayor protagonismo. Tradicionalmente, las residencias han sido poco menos que asilos o cuarteles donde a los usuarios no se les tenía en cuenta su opinión a la hora de gestionar sus propias vidas. A partir de ahora se va a contar con más tecnología, y se va a tener en cuenta mucho más los derechos de los usuarios.

¿Los profesionales están preparados para ese cambio de modelo?

-Los profesionales están obligados a cambiar de chip. El trabajo va a tener un enfoque menos paternalista y más de acompañamiento. Las familias van a tener mucho más margen para tomar decisiones. El cambio que se avecina va a convertir las residencias en domicilios. Hace falta que los profesionales sean mucho más flexibles, con una mayor capacidad de adaptación de la que han tenido hasta ahora. Es un cambio que ya se está dando en muchas instituciones, integrando los servicios de salud con los sociales, municipales y forales.

¿Se está sabiendo sacar rédito social a esa población jubilada con un largo proyecto de vida todavía por delante?

-Pienso que sí. Estamos hablando de personas que van a ser consumidores durante muchos años. Se abre ahí un enorme campo de servicios. Son personas no solo consumidoras sino muy activas en actividades de voluntariado.