La propuesta de reforma de la RGI gana tiempo para salir reforzada

El objetivo fundamental del aplazamiento es obtener los votos suficientes para que la reforma pueda tramitarse como proposición de ley -una modalidad más rápida que la del proyecto- y que posteriormente también cuente con los apoyos necesarios para salir adelante. Para ello se abre un nuevo tiempo de diálogo en el que se acercarán posturas sobre las medidas contenidas en la reforma, una negociación “abierta y amplia” pero con el límite de permitir la viabilidad a medio y largo plazo del sistema vasco de garantía de ingresos.

Fuentes del PNV explicaron a DNA que la toma en consideración de la proposición de ley que renovará la RGI fue retirada del debate parlamentario a petición de Bildu, que necesitaba más tiempo para llegar a un acuerdo que facilite su apoyo, primero a la tramitación de la reforma a través de una proposición de ley -lo que permitirá tener aprobado el texto antes de fin de año-, y después al contenido del anteproyecto. Tras retirar la proposición de ley poco antes del comienzo del pleno del día 28, responsables del departamento de Empleo y Políticas Sociales y de los grupos parlamentarios que respaldan al Gobierno Vasco abrieron un nuevo turno de conversaciones con Bildu, PP y Elkarrekin Podemos para lograr el máximo consenso en torno a la reforma.

Se pretende que este diálogo se desarrolle a lo largo de este mes para que en septiembre la propuesta pueda volver al Parlamento Vasco y que se debata en otoño. “Abrimos una tanda de negociaciones con los grupos parlamentarios con un planteamiento claro: queremos sacar este debate del periodo electoral y para eso debe tramitarse como proposición de ley; el objetivo es aprobarla antes de final de año, por lo tanto ¿cuáles son las condiciones que pone cada grupo para que se pueda votar como proposición? Vamos a explorar esas posibilidades y en función de las respuestas que obtengamos avanzaremos. Bildu ya ha manifestado su intención de negociar la ley”, señaló Iñaki Txueka, responsable del área de Empleo y Políticas Sociales y Sector Primario del PNV.

Por su parte, Amaia Arregi, parlamentaria del PNV que ha participado en toda la fase previa y encabezado la presentación de la proposición, señaló que “tras el aplazamiento del pasado día 28 de junio, nos toca ahora explorar con los grupos de la oposición las posibilidades de acuerdo y contrastar con ellos el margen que tenemos para que este debate no se cierre y podamos abordar de manera conjunta la reforma de la Renta de Garantía de Ingresos. Nos han pedido tiempo y es lo que ahora tenemos tras nuestra decisión de paralizar su tramitación. Nuestro espíritu de consenso es máximo, ahora y desde que en abril registramos la proposición de ley en el Parlamento. Y creemos además que ese consenso es posible porque, por encima de todo, las distintas formaciones queremos y perseguimos que nuestro sistema de protección salga fortalecido. Queremos que la reforma se apruebe en esta Cámara, y si algún grupo nos pide tiempo entendemos que lo hace con la finalidad de poder buscar el entendimiento y mejorar nuestra propuesta. Sabemos que hay ámbitos de mejora y queremos estudiarlos”.

Ley fundamental “No nos podemos olvidar de que lo que se debate en primer lugar es la toma en consideración de la Ley por parte del Parlamento; esto es, si los distintos grupos están dispuestos a iniciar el trámite de revisión de la Ley. Iniciado el mismo, será el momento de presentar enmiendas, transar, continuar acordando?.”, añadió Arregi. Y recordó que estamos hablando de “una ley fundamental de nuestro sistema de bienestar y entendemos que sería muy importante aprobar una modificación de la misma con el máximo consenso posible”.

En cuanto a la decisión de tramitar la reforma de la RGI a través de una proposición de ley presentada por dos grupos parlamentarios en lugar de como proyecto del Gobierno, la clave está en los tiempos que requiere cada modalidad. “Para poder tener la ley aprobada antes de fin de año era necesario ir por la vía de la proposición, porque el sistema habitual conlleva un procedimiento largo que iba a ocupar casi todo el año 2019, por eso se opta por este sistema abreviado de la proposición de ley, que también admite enmiendas y debate parlamentario”, apuntó Iñaki Txueka. La proposición, además, recoge parte del documento con las bases de la reforma elaborado por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales y las conclusiones de varias sesiones de trabajo con expertos y organizaciones sociales. “Creemos que es una buena ley que da respuesta a casi todas las cuestiones que se plantean, pero no olvidemos que el tiempo corre y hace falta debatir la proposición de ley en otoño para poder tener la reforma antes de fin de año”, apuntó Txueka.

“El 27 de abril -confirmó Amaia Arregi- registramos la proposición de ley. No lo hicimos de prisa ni de espaldas a la sociedad; durante meses hemos escuchado el testimonio de más de una veintena de entidades del Tercer Sector cuyas aportaciones, en gran medida, hemos incorporado al texto. Hemos mantenido contactos frecuentes con la oposición para conocer su posición y seguiremos porque nuestra disposición es sincera. Además, es posición compartida por todos los grupos, que una modificación de una ley de este calado requiere de un debate sosegado, tranquilo, fuera de periodos electorales y de intereses partidistas”.

Otras propuestas Respecto al margen con que cuentan los negociadores para introducir las propuestas de los diferentes grupos en el texto o modificar algunos de los planteamientos iniciales, Amaia Arregi indicó que “somos conscientes de que necesitamos apoyos para sacar adelante la proposición de ley y sabemos que tenemos que ceder; no podemos instalarnos en el inmovilismo. Ni unos ni otros. Tenemos cintura y sabemos hasta dónde podemos llegar en las demandas que nos plantee la oposición. Pero tampoco los grupos pueden ponerse en posiciones maximalistas. Es muy fácil gobernar desde la oposición y pedir sin medir sus consecuencias. En cualquier caso, siempre hay margen para la mejora y esta propuesta lo tiene”.

En opinión de Iñaki Txueka, la proposición contiene “cuestiones de filosofía” que se deben mantener, pero “como gobernar es tener una cita diaria con la realidad, la situación socioeconómica nos dice que hay que tener en cuenta las posibilidades reales”. “Hay temas que se están poniendo sobre la mesa -añadió- cuyo desarrollo económico es muy complicado porque implicarían comprometer grandes cantidades de dinero”. En este sentido, el experto citó la recuperación del 7% recortado en las prestaciones en 2011 por el Gobierno de Patxi López, la reducción del periodo mínimo de empadronamiento o de la edad de acceso a la RGI. Propuestas que supondrían aumentar el gasto. “La filosofía de la reforma está clara, pero también están las disponibilidades y en el PNV sabemos que no vamos a hacer una ley que sea insostenible a medio o largo plazo. Todas las medidas están bien, filosóficamente no habría problema, pero existen las limitaciones lógicas del coste que supone cada propuesta. Si se plantean medidas que pueden llevar a la quiebra del sistema público social vasco, diremos que no. No podemos iniciar una carrera de atención social y de renta de garantías que sea inviable”.

“Apelamos al resto de grupos a trabajar desde la responsabilidad, con el afán de mejorar nuestro sistema de protección social, con el objetivo de velar por el bienestar de las personas que peor lo están pasando, para continuar siendo unas de las sociedades más cohesionadas de Europa y mejorar, en la medida de los posible; siendo conscientes de que hemos de ser solidarios hoy y también mañana”, concluyó Amaia Arregi.

Diciembre 2016. El Parlamento Vasco aprobó una proposición no de ley que pedía al Gobierno Vasco la elaboración de un informe sobre el diagnóstico de la RGI para iniciar su revisión.

Mayo 2017. La consejera Artolazabal presentó las bases de la reforma que han inspirado la proposición de ley.

Junio 2017. El Gobierno Vasco se compromete a adelantar la tramitación de la reforma.

Abril 2018. El 27 de abril los grupos de PNV y PSE presentaron la proposición de ley.