GASTEIZ. Urresola ha comparecido este viernes ante la comisión de investigación del Parlamento Vasco que estudia las posibles responsabilidades políticas derivadas de este pacto empresarial, por el que siete compañías fueron sancionadas el año pasado con 7,24 millones de euros por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).
La responsable de la Autoridad Vasca de la Competencia, organismo que destapó en 2016 el acuerdo empresarial sobre los precios de los comedores, ha recordado que accedió a la presidencia de la AVC con posterioridad a los hechos por los que las siete empresas han sido sancionadas.
No obstante, y en la misma línea que ya mantuvo en mayo ante esta comisión el director de investigación de la AVC, ha afirmado que no le "consta" que existiese connivencia entre el Departamento de Educación del Gobierno Vasco y los responsables de las compañías condenadas por pactar un encarecimiento del servicio de comedores de centros escolares públicos entre 2003 y 2015.
"DOLO"
Urresola, que ha asegurado que el "objetivo" de la Autoridad de la Competencia no es "analizar" si hubo esa "connivencia", ha manifestado que desconoce si en la actitud de las empresas o de la administración hubo "dolo", es decir, una voluntad deliberada de cometer un delito. El tema del dolo y el reproche va un poco más allá (de su ámbito de actuación); son ustedes los que deben entrar en esa cuestión", ha explicado.
Por otra parte, la responsable de la AVT ha informado de que, al margen del expediente original que motivó la sanción a siete empresas y del segundo expediente abierto por el concurso para este mismo servicio de comedores a partir de 2015, existe un tercer expediente.
Este tercer expediente se abrió a raíz de una denuncia interpuesta por la empresa Aibak -la misma que destapó el acuerdo empresarial en 2016 -ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Este organismo estatal remitió el caso a la Autoridad Vasca de la Competencia.
Urresola ha explicado que la presentación de esta nueva denuncia "sorprendió" a la AVC, dado que se refería a los mismos hechos y utilizaba "las mismas palabras" que la demanda que propició la apertura de un expediente por la adjudicación del servicio de comedores a partir de 2015.
El expediente de la AVC sobre esta tercera demanda se archivó, al igual que en el caso del relativo a la segunda deuncia, al constatar que no existían "indicios de infracción" de la normativa sobre competencia. La presidenta de la ACV ha afirmado que esta decisión podría ser recurrida, aunque no le consta que la empresa demandante haya formalizado la denuncia en vía contencioso-administrativa.
"MEJORA"
Urresola ha afirmado que el Departamento de Educación y la Autoridad Vasca de la Competencia mantuvieron un contacto "bastante intenso" para diseñar las modificaciones introducidas en los pliegos de licitación del servicio de comedores escolares a partir de 2015. Las modificaciones introducidas, según ha explicado, han contribuido a mejorar las condiciones de competencia en el acceso a este concurso.
La AVC impuso en 2016 multas por un valor global de 18 millones de euros a siete empresas adjudicatarias del servicio de comedores escolares, al considerar que se habían puesto de acuerdo para repartirse el mercado y para fijar los precios del mismo.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) confirmó en 2017 la existencia de un acuerdo entre estas empresas (Auzo Lagun, Cocina Central Goñi, Cocina Central Magui, Eurest Colectividades, Eurest Euskadi, Tamar las Arenas, Gastronomía Cantábrica y Gastronomía Vasca.
No obstante, el TSJPV rebajó las multas en un 60%, dejándolas en un total de 7,24 millones de euros, al entender que la actuación del Gobierno Vasco durante los años en los que adjudicó el servicio de comedores a estas empresas contribuyó a que éstas consideraran que "actuaban de una manera asumible de cara al interés público", sin que por parte del Ejecutivo existiera "reacción, indagación, consulta, prevención ni denuncia en contra".
