Madrid - Los representantes de las cuatro asociaciones de jueces y magistrados del Estado español ven en general desproporcionada la respuesta contra la sentencia que ha condenado a nueve años de prisión a cada uno de los cinco integrantes de La Manada. Además recordaron que hay dos oportunidades de revisión de la resolución de la Audiencia de Navarra por la vía de los recursos, primero ante el Tribunal Superior de Justicia navarro y después ante el Tribunal Supremo.
A los representantes de los jueces les parecen desmedidas algunas reacciones que se produjeron nada más conocerse el fallo como las manifestaciones y concentraciones de protesta, la recogida de firmas para pedir la inhabilitación de los magistrados y las declaraciones de políticos.
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez Padrón, señaló ayer que “en una sociedad democrática las sentencias y las demás resoluciones judiciales son susceptibles de ser criticadas” y entiende que las críticas se produzcan en “un tema tan sensible”. “Ahora bien hay que tener en cuenta que esas críticas se produjeron de manera inmediata cuando deberían tener un sustento reflexivo tras un estudio más o menos técnico y no sé hasta qué punto las primeras reacciones partieron de una lectura de la sentencia que tiene más de 300 folios”, añadió.
Recordó que el ordenamiento jurídico “diseña un sistema de recursos garantista para que las resoluciones que puedan considerarse injustas por cualquiera de las partes puedan ser revisadas”.
El portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, recordó que “es legítimo que la sociedad se indigne” con una sentencia pero estimó que “la crítica pública debe estar fundamentada con un cierto rigor” y no basada en “falacias o falsedades”. Añadió que “los juicios no se ventilan en un mitin sino en una sala de vistas en la que se garantizan los derechos tanto de los acusados como de las víctimas”, y además es una sentencia condenatoria contra la que caben recursos en varias instancias.
El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Raimundo Prado, estima que “es una actuación del poder judicial que puede ser corregida vía recursos”. Para Prado “se ha producido una reacción desproporcionada que demuestra una falta de educación general y cultura democrática que recuerda a la ley de linchamientos del Oeste”. Estimó que los medios de comunicación juegan un papel muy importante “para bien y para mal” y lamentó que el periodismo en ocasiones provoque “juicios paralelos que no son buenos”.
La portavoz de Foro Judicial Independiente, Concepción Rodríguez, indicó que hay que respetar a las víctimas pero también a las resoluciones judiciales y que “se trata de tipos penales ambiguos y mal redactados y el derecho penal se rige por el principio de mínimos y la presunción de inocencia”. Es una sentencia “trabajada y fundamentada”, concluyó. - Efe
