PAMPLONA. La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, que ha dictado sentencia sobre el juicio a 'La Manada', será quien decida sobre la puesta en libertad o no de los cinco condenados a 9 años de prisión por abuso sexual, en caso de que lo soliciten formalmente las defensas, mientras siga el proceso judicial con la presentación de recursos de las partes a la sentencia.
El abogado de cuatro de los cinco miembros de 'La Manada', Agustín Martínez Becerra, ya afirmó tras conocer el fallo que "inmediatamente" iba a pedir la puesta en libertad de sus clientes, ya que las anteriores veces que lo ha pedido "el elemento distorsionador para la puesta en libertad era el hecho de que la pena era de 25 años y había riesgo de fuga".
Los cinco encausados se encuentran en prisión desde que fueron detenidos el 7 de julio de 2016. Una vez visto para sentencia el juicio, en el mes de noviembre, sus abogados solicitaron su puesta en libertad, petición que entonces se negó si bien no fue una decisión unánime del tribunal ya que uno de los tres magistrados no respaldó que continuaran en prisión. Este mismo juez ha emitido un voto particular en la sentencia al no ver culpables a los condenados y pedía su puesta en libertad.
El proceso judicial no terminó este jueves ya que ahora las partes presentarán recursos a la sentencia. Tienen un plazo de diez días para ello y será la sala que dirige el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), Joaquín Galve, quien tenga que resolverlos. En concreto, la Sala de lo Civil y Penal del TSJN.
Tanto los abogados de los condenados como el de la víctima ya anunciaron ayer, tras conocer el fallo, que presentarán recurso. También lo han hecho las acusaciones populares, tanto el Gobierno foral como el Ayuntamiento de Pamplona.
Una vez que la Sala de lo Civil y Penal reciba los recursos, algo que no es inmediato y que habitualmente se prolonga durante unos dos meses, el TSJN suele tardar alrededor de otro dos meses en dictar sentencia. Tras ella, las partes pueden volver a recurrir ante el Tribunal Supremo.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) sobre los recursos anunciados por las partes en el caso de la violación múltiple de Sanfermines, en el que cada uno de los cinco acusados han sido condenados a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual con prevalimiento, podría dictarse en septiembre. Fuentes del tribunal calculan que la nueva sentencia se podría dictar en septiembre teniendo en cuenta que hay dos meses de plazo para la formalización del recurso y esta sala suele tardar otros dos en emitir un fallo, aunque por ser agosto inhábil el proceso se alargaría cinco meses. Esta hipótesis tiene una alta probabilidad de cumplirse.
MÁS VOCES PIDEN MODIFICAR EL CÓDIGO PENAL La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha admitido hoy que los nueve años de prisión impuestos a los miembros La Manada le parecen "pocos" y ha señalado que quizá haya que pensar en cambiar las calificaciones penales sobre qué se considera violación y qué no.
"Como persona, como ciudadana y como mujer me cuesta asumir el contenido de la sentencia", ha dicho.
El Ayuntamiento de Barcelona ha acordado por unanimidad instar al Congreso y al Senado la modificación del Código Penal para revisar el supuesto de abuso sexual, así como la consideración jurídica de la violencia en casos de agresión sexual y violación.
Antes del pleno, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y representantes de todos los grupos municipales han escenificado en el Saló de Cent un posicionamiento unitario frente a la sentencia judicial de la Audiencia Provincial de Navarra en el llamado caso de La Manada que han plasmado en una declaración institucional.
El expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, entiende que la sentencia haya "impactado" porque puede "chocar", pero recuerda que la resolución judicial no es firme y es recurrible.
El magistrado en excedencia ha apuntado que no ha leído los argumentos del Tribunal y ha precisado "que la diferencia entre una agresión sexual y un abuso sexual es el uso de violencia o intimidación". "En el abuso puede haber una situación de prevalimiento, que no requiere la intimidación concretamente. Son conceptos excluyentes", ha apuntado.
La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha calificado de "vergonzosa" la sentencia y ha subrayado que si una mujer no dice sí, "todo lo demás es violación". "Esto lo entiende cualquiera", ha apostillado.
En una entrevista en 'Los Desayunos' de TVE, Montero ha insistido en que los hechos probados "demuestran que no hubo consentimiento". "Si cinco hombres te meten en un portal, si que tú lo consientas, llevan tu boca a su pene, te penetran anal y vaginalmente y, si esto no se considera agresión, entonces estamos ante una justicia patriarcal y machista", ha alertado.
La diputada de la formación morada también ha subrayado que el hecho de que una mujer no se resista no significa que consienta, pues "si se resiste se arriesga a morir asesinada". Además, ha subrayado que el voto particular de uno de los jueces es "una vergüenza" y ha recalcado que si la justicia no protege a las mujeres tendrán que ser ellas las que lo hagan. "Nos cuidaremos entre nosotras", ha apostillado.
"Si tenemos miedo de volver a casa solas por la noche, ¿Cómo no nos vamos a sentir agredidas cuando te meten cinco hombres en un portal?", ha preguntado la portavoz de Unidos Podemos, que ha indicado que su formación y el movimiento feminista no pide más años de cárcel, sino una reforma del Código Penal y de las leyes para que "se protejan las libertades sexuales".
"Salir por miles a la calle es una forma de protegernos entre nosotras y una muestra de apoyo ciudadano para recurrir esta sentencia y para que la justicia tenga la oportunidad de reconocer que ha cometido un grave error", ha subrayado.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha dicho hoy que la sentencia por la agresión sexual a una joven madrileña en Pamplona es "profundamente equivocada", que "no responde a las exigencias de justicia de las mujeres y que espera que sea revocada por el Tribunal Supremo.
La alcaldesa ha dicho que después de leer la sentencia "cuidadosamente" considera que la versión de los sucesos no recoge correctamente "la sensibilidad de la víctima".
"Se reconocen los actos de agresión sexual pero se describe mal la situación de intimidación que, sin duda, debió sentir la muchacha", ha dicho la alcaldesa, quien ha considera además que lo sentido por la joven agredida "no puede ser simplemente un agobio".
En opinión de la alcaldesa, jurista, las sentencias judiciales "deben ser criticadas y los jueces no pueden estar aislados de la sociedad".
