GASTEIZ. Los dos grupos han registrado en el Parlamento Vasco su propuesta que se basa en las líneas que ya presentó en la Cámara la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, en mayo del año pasado.
Además de la novedad de la creación de esta renta para pensionistas con bajos recursos, que tendrá una cuantía máxima de 784,88 euros para un solo miembro en una unidad convivencial, la propuesta de los socios del Gobierno para reformar la actual ley establece un nuevo indicador para el cálculo de las prestaciones que sustituye al Salario Mínimo Interprofesional utilizado hasta ahora: el Indicador de Gastos Mínimos Comunes (IGMI).
También, como novedad, se establece con carácter general la concesión de una Renta de Garantía de Ingresos (RGI) por unidad de convivencia, que estaría constituida por todas las personas que residan en una misma vivienda, "con independencia de las formas de relación jurídica, afectiva o familiar existentes entre ellas, y de la situación que haya ocasionado la convivencia".
Tanto la renta de los pensionistas como la de garantía de ingresos se mantendrán como prestaciones sujetas a derecho subjetivo, es decir, a las que tendrán obligación de hacer frente las administraciones si se cumplen los requisitos de los solicitantes.
Para la determinación de las cuantías de ambas prestaciones, los grupos del Gobierno Vasco plantean establecer un Indicador de Gastos Mínimos Comunes que recogerá el "valor estimado de los gastos mínimos a los que se enfrentaría cualquier persona que pretendiera hacer frente, en solitario, a las necesidades básicas asociadas al mantenimiento de una vivienda o alojamiento".
La proposición prevé que el Gobierno, al menos con carácter cuatrienal, elabore un informe para la actualización de este valor que se fijará anualmente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma Vasca y de manera inicial se establece en 455 euros.
Según la proposición, la cuantía máxima de la RGI para un solo miembro de una unidad convivencial sería de 659,75 euros, cantidad que se iría incrementando en función de las personas a cargo del titular de la prestación, como menores, otros adultos, personas con discapacidad y víctimas de violencia machista, entre otros.
En el caso de la RGP, el "núcleo pensionista" estará integrado por el perceptor de la pensión y su cónyuge o pareja de hecho. El objetivo de esta nueva prestación es complementar, hasta los 784,88 euros en el caso de una única persona o a los 978,26 euros en el caso de dos, las pensiones que no lleguen a esas cuantías.
Para poder acceder a ambas prestaciones, la de los pensionistas y la de garantía de ingresos, se deberán cumplir unos requisitos como tener al menos 23 años, estar empadronado por lo menos con tres años de antelación, dos en el caso de menores o dependientes a cargo, y demostrar una actividad laboral remunerada durante al menos cinco años.
Además de estas prestaciones de derecho subjetivo, que se concederán con carácter bianual renovable, la proposición recoge las Ayudas de Emergencia Social (AES) dirigidas a hacer frente a gastos específicos como los de alquiler, de energía o de compra de mobiliario y electrodomésticos.
Las reformas contenidas previstas en esta ley tienen que ver también con la incorporación de nuevos derechos, como el que garantiza la Ley de Vivienda, que obliga a que se elimine la actual Prestación Complementaria de Vivienda del sistema de garantía de ingresos, ya que se deberá regular a través del decreto del derecho subjetivo que se aprobará en breve.
En cuanto a las cantidades indebidamente cobradas por prestaciones, como norma general, la obligación de reintegrar las cantidades prescribirá al año desde el día siguiente a su cobro, siempre que no haya habido voluntad de fraude.
El texto consensuado por nacionalistas y socialistas establece un régimen de infracciones y sanciones que van desde multas de hasta 200 euros por infracciones leves, de 201 a 500 en las graves y desde 501 a 5.000 euros para las más graves.
En todos los casos se sancionarán con la extinción de la prestación y la imposibilidad de volver a acceder a una ayuda en el plazo de 3 meses, 1 año y 5 años en función de la gravedad de las infracciones.
La concesión o denegación de las dos rentas corresponderá al Servicio Vasco de Empleo-Lanbide y de las AES al ayuntamiento correspondiente.
Además Lanbide podrá realizar todas las actuaciones de "comprobación y supervisión" al objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones de los solicitantes, titulares y beneficiarios de la prestación.
En una disposición adicional se prevé que Lanbide "utilizará sistemas biométricos para la identificación de las personas usuarias de sus servicios y los beneficiarios de sus prestaciones, atendiendo a las especificaciones derivadas de la legislación de protección de datos".
La directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos, Margarita Uria, en una reciente comparecencia en el Parlamento advirtió al Gobierno de que la normativa europea señala que la implantación de la huella digital no puede ser obligatoria para los usuarios, sino que debe contar con el consentimiento previo y expreso de los afectados.
Las parlamentarias Amaia Arregi (PNV) y Gloria Sánchez (PSE) han explicado que con esta propuesta ambos grupos buscan "preservar, mejorar y hacer sostenible un modelo de prestaciones que ha colocado a Euskadi en la vanguardia de las políticas sociales".
