Gasteiz - El Gobierno Vasco autorizó ayer un gasto de 6.625.000 euros destinado a la concesión durante 2018 de ayudas para garantizar la adherencia a los tratamientos médicos a personas que por su situación de vulnerabilidad no podrían hacer frente al coste añadido del copago farmacéutico.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, recordó que estas ayudas se enmarcan en la oposición del Ejecutivo de Gasteiz al copago farmacéutico y son las únicas de este tipo en el Estado.

En los cinco años en los que han estado en vigor se han beneficiado más de 400.000 personas, con una cuantía total cercana a los 25 millones de euros, que, por sus limitaciones económicas o su riesgo de exclusión social, podrían verse abocadas a abandonar las prescripciones médicas o hacer un seguimiento insuficiente. A esos casi 25 millones de euros hay que que añadir ahora los 6.625.000 ampliables consignados en los presupuestos del 2018, que se autorizaron en el Consejo de Gobierno de ayer.

El pasado año se destinaron 5.250.000 euros para hacer frente a 95.625 solicitudes. El primer plazo fue abonado ya por el Departamento de Salud a finales de julio de 2017, por un importe de 2.107.989 euros, y en breve se va a iniciar el pago del segundo plazo.

En 2017 la ayuda media por persona fue de 61,72 euros. La más cuantiosa fue de 824,34 euros y la menor de un céntimo de euro. El 97% de los beneficiarios eran pensionistas, mientras que el 2,3 % restante eran ciudadanos en paro que no percibían prestación por desempleo ni Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Parados y beneficiarios de la RGI El pasado mes de noviembre el Gobierno Vasco aprobó la modificación del decreto que regula estas ayudas de cara a este ejercicio para incorporar dos nuevos colectivos: personas en paro perceptoras de prestación por desempleo y beneficiarios de RGI como complemento a sus rentas del trabajo, con ingresos en ambos casos, no superiores a los 18.000 euros.

Estos colectivos se sumaron así a los que hasta ahora venían recibiendo las ayudas: pensionistas con ingresos anuales inferiores a 18.000 euros, personas en situación de desempleo sin prestación económica e inmigrantes en situación de residencia irregular.

Esta modificación se llevó a cabo tras la evaluación de la experiencia de estos cuatro años de ayudas, tomando en consideración las demandas de las asociaciones de pacientes y usuarios del sistema vasco de salud, y atendiendo al mandato parlamentario. El Gobierno Vasco insistió en que “nos gustaría no tener que mantener estas ayudas”, antes de insistir en que “va a seguir solicitando al Estado español la derogación del Real Decreto 16/2012 que el gobierno mantiene recurrido”.