Son la cima de miles de casos silentes, un fenómeno que no cuenta con una ley específica que garantice la protección de los más débiles. Es la denuncia que elevó ayer Save The Children, con motivo de la puesta en marcha de la campaña Los últimos 100 que pone rostro a un centenar de niños muertos en estos contextos desde el año 2012 y que, tal y como ha explicado la responsable de Incidencia Política de la organización, Ana Sastre, “representan sólo el impacto más visible de la violencia contra la infancia”.
La falta de visibilidad, de hecho, es el primer handicap. “No conocemos la dimensión exacta del problema”, ha lamentado, para reivindicar que el punto de partida sean “estudios y análisis para dimensionar el problema”. A partir de ahí, una ley que responda a la casuística con medidas de prevención, protección y reparación, y una estrategia capaz de articularla en todo el territorio.
“Se puede hacer mucho más y se puede hacer mucho mejor”, destacó Sastre, para incidir en “el riesgo de llegar demasiado tarde” a esos niños que padecen la violencia, como esos cien que la ONG ha ido recogiendo de los medios de comunicación, donde no se difunden todos los casos.
Sí constan algunas cifras, como que en 2016 se interpusieron 37.495 denuncias por delitos violentos contra menores de edad, 4.650 sólo por malos tratos en el ámbito familiar; que aquel año 15 niños perdieron la vida en estas situaciones y que atendiendo exclusivamente a la violencia de género contra las madres, la única monitorizada al detalle, han sido asesinados en el Estado 23 niños desde 2003. Fueron 8 sólo el año pasado. Este es uno de los asuntos que Save The Children quiere que se trate a fondo en lo que esperan sea una Ley Integral de Violencia contra la Infancia, “una oportunidad”, según Sastre, para desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en lo que se refiere a los niños, pues aunque en la legislación actual son reconocidos como víctimas directas del maltrato machista, “es la ley de sus madres” y no contiene protección específica para ellos.
Entre esas medidas de protección, proponen que ante una denuncia por violencia de género se suspenda cautelarmente y “como medida provisional” el régimen de visitas del presunto maltratador respecto de los hijos, a quienes se declararía en riesgo que Servicios Sociales pueda monitorizar los casos. “Que no se nos pierdan en el sistema”, añadió la investigadora de la ONG, Catalina Perazzo. Save The Children recuerda en este sentido que en 2016, “poco más de un 6% de las medidas de protección impuestas fueron para suspender el régimen de visitas y la suspensión de la guarda y custodia tan sólo se dio en un 9% de los casos”.
Dice que además, “todavía no existe un recuento oficial de menores víctimas de violencia de género ni hay información disponible sobre las medidas de protección jurídica y social que se llevan a cabo con los niños que han quedado huérfanos”.
Abusos sin denunciar También debería abordar esa ley Integral la violencia sexual contra los niños. Los informes de Save The Children revelan que las denuncias por abuso sexual ascendieron a 4.056 en 2016 y más de la mitad tenían a un niño o una niña como víctima, aunque sólo el 15% de estos casos se denuncian y, cuando se hace, sólo uno de cada tres acaba en juicio oral o sentencia.
“Se impone el silencio, el miedo la amenaza. Los niños no saben dónde buscar ayuda y denunciar tampoco es garantía. Los casos duran tres años en los que el niño repite hasta cuatro veces su declaración y se celebran juicios abiertos donde puede encontrarse con su agresor”, denuncia Sastre.
Proponen, entre otras medidas, que el plazo para la prescripción de estos delitos -entre 5 y 10 años desde que la víctima cumple la mayoría de edad- comience a contar cuando la víctima cumpla 30 años porque entienden que ese sí es un plazo suficiente como para que se rehaga y sea capaz de verbalizar lo que le ocurrió de niño.
No obstante, el fenómeno más extendido en el Estado es el maltrato infantil en el ámbito de la familia, algo de lo que “muchos niños ni siquiera son conscientes” y que va desde “insultos constantes, castigos y amenazas humillantes, a golpes, palizas y falta de cuidados”, como señaló la responsable de Incidencia Política.
Educar a niños sin violencia Reivindican más formación a los profesionales para que detecten e identifiquen estos casos, pero también “herramientas y profesionales” a disposición de los padres para “educar a los niños sin violencia”. “La sociedad aún no es suficientemente consciente de que ciertas formas de educar con gritos, insultos y golpes son formas de violencia que pueden tener graves consecuencias de carácter físico y emocional en los niños”, dice la ONG.
Por último, destacan la importancia de que esa ley aborde también el acoso escolar, una violencia entre iguales que sufre uno de cada diez niños en el Estado, que se silencia por miedo y por vergüenza y que puede acabar incluso en suicidio, como ocurrió con algunos de los cien niños que recuerda la campaña. “La violencia está presente en la forma en que se relacionan y nos relacionamos con los niños. No se puede tolerar ningún tipo de violencia sobre la infancia. Si no queremos llegar tarde, se deben tomar acciones políticas inmediatas”, reclamó Sastre. - Europa Press
