madrid - Obstáculos para pedir asilo, instalaciones deficitarias, la “pésima” identificación de menores e inseguridad jurídica son algunos de los “muros” con los que toparon los inmigrantes que llegaron en 2017, ante cuyo incremento España solo supo reaccionar con decisiones “arbitrarias” e “improvisadas”.

Es lo que denunció ayer la Comisión Española de Ayuda al refugiado (CEAR) durante la presentación del informe Los muros invisibles tras la frontera sur, en la que ha aludido al récord registrado el año pasado en la entrada de inmigrantes, especialmente por mar, que se disparó un 165%.

Así, y recogiendo los últimos datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la secretaria general de CEAR, Estrella Galán, recordó que un total de 28.349 personas llegaron a España, 22.103 de ellas a bordo de pateras y más de 6.800 por Ceuta y Melilla.

Todo ello convirtió el Mediterráneo español en la tercera vía de entrada a Europa, que pasó a suponer el 2% de todas las llegadas al 13%.

Un aumento que achaca al cierre de otras rutas y también a “la situación cada vez más crítica” en Marruecos, donde el desmantelamiento de campamentos ha provocado que población subsahariana que “no tenía previsto” cruzar la frontera se haya visto obligada a intentarlo.

También por las protestas en el Rif, que han conllevado la detención de 1.400 personas, según señaló la vicepresidenta de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), Khadija Ainani.

No obstante, la mayor parte de inmigrantes, el 56,7%, eran subsaharianos, aunque la organización ha llamado la atención sobre la presencia de personas de origen asiático, como Bangladesh o Pakistán, que tradicionalmente no entran por la ruta española pero que el año pasado lo hicieron por Ceuta y Melilla.

De esas poco más de 22.000 entradas ilegales, 6.791 lo hicieron por el Estrecho hasta la provincia de Cádiz, 5.680 por la ruta Nador-Almería, 3.833 por la de Nador-Granada, 2.300 por Tánger-Málaga, 1.717 por Argelia-Murcia y 423 por Canarias.

Aunque el 98% de estas personas logran ser rescatadas (Salvamento Marítimo recogió a 17.395 personas en aguas andaluzas y a otras 2.720 al Este del Mediterráneo), “no reporta” las vidas perdidas en sus tareas, según indicó Galán.

Una vez llegadas a puerto, y tras ser atendidas por los servicios de Cruz Roja, son puestas a disposición de las fuerzas de seguridad del Estado, que las mantienen en calidad de detenidos durante un máximo de 72 horas. Y es a partir de aquí cuando comienza una cadena de “arbitrariedades” e “improvisaciones”, dependiendo del lugar al que lleguen. - Efe