Bilbao - En su portal oficial, el Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco indica que “el Servicio de Mediación Intrajudicial pone a disposición de los órganos judiciales y de la ciudadanía un método complementario a la vía judicial para la resolución de los conflictos que llegan a los juzgados y tribunales. Desde enero de 2011 no sólo presta su labor en la jurisdicción penal, sino también en la jurisdicción civil-familiar en casos judicializados de separaciones y divorcios con hijos menores a cargo y en todos los partidos judiciales de nuestra Comunidad Autónoma, permaneciendo su carácter gratuito”. Los mediadores adscritos a este servicio actúan en casos que ya han llegado a los órganos judiciales pero en los que se ve posible y aconsejable un arreglo que evite el litigio.

En Euskadi existe además un Servicio de Mediación Familiar, que depende del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, que actúa en casos que aún no han llegado a la Justicia y que afectan al Derecho de familia. La labor de mediación en ambos servicios -el Intrajudicial y el Familiar- es similar, según destacan fuentes del sector de intervención social antes de resaltar que en las mismas fechas en que la consejera San José sacaba a concurso el servicio que depende de Trabajo y Justicia, se licitaba también el que presta Empleo y Políticas Sociales. Curiosamente “la omisión de la obligada subrogación -puntualizaron las fuentes- no se cometió en la convocatoria del Departamento de Empleo y Políticas Sociales para el simétrico Servicio de Mediación Familiar”.

Sorprendidos e indignados por la decisión de Trabajo y Justicia de no atender su petición para que respete los convenios colectivos en vigor, los sindicatos y patronales del sector de intervención social consideran que se agota el tiempo para rectificar y evitar que muchos de los profesionales de la mediación que llevan años desarrollando una labor ensalzada por la propia consejera pierdan su trabajo.

Respecto a los motivos que puede haber detrás de la decisión del departamento de María Jesús San José para mantenerse en su postura de evitar la subrogación, las fuentes consultadas señalan que la respuesta debería darla la propia consejera. Apuntan, sin embargo, que en el sector “circulan rumores” que indican que “desde el primer momento la convocatoria estaba diseñada para adjudicar el servicio a una determinada entidad y para que no continúe con su labor una asociación que ahora presta el servicio, a pesar de que ha sido felicitada por la consejera en fechas recientes y de que cuenta con el aval y respaldo de todos los estamentos concernidos en el ámbito judicial”.

Estas mismas fuentes sectoriales insisten en que el argumento de que lo que ha salido a concurso es distinto del actual Servicio de Mediación “no se sostiene”, porque la actividad principal del Servicio de Justicia Restaurativa, como se llamará a partir de ahora, “sigue siendo la mediación, es lo mismo que se hace ahora y la consejera ha reconocido en una entrevista que las funciones añadidas son algo absolutamente accesorio y marginal”. - B. Sotillo