A CORUÑA - Ayer lunes 13 de noviembre se cumplieron 15 años de la catástrofe del Prestige. Aquel día de fuerte temporal de 2002, un petrolero pedía auxilio tras abrirse un boquete en su casco y comenzar a perder fuel mientras se dirigía a Galicia. Tras seis días, el barco cargado con 77.000 toneladas de fuel se parte a 250 kilómetros del litoral. Más de 60.000 de aquellas toneladas se desparramaron por toda la costa gallega, afectando a las rías y cubriendo de chapapote desde la desembocadura del Miño hasta el sudoeste de Francia.

La catedrática de Derecho Mercantil y experta en derecho marítimo Ana Belén Campuzano asegura que todavía no hay un acuerdo sobre un protocolo a seguir sobre los puertos refugio cuando hay un buque en dificultades, como ocurrió hace 15 años, debido al “coste político” que supondría. “El problema en general es que si se parte un buque en el puerto de una determinada localidad mancha la costa y lo ven los ciudadanos, y en consecuencia tiene un coste político; pero si se queda en alta mar sabemos que es malo para el medioambiente pero el ciudadano no lo ve como si ocurriera delante de su ventana”, argumenta Campuzano.

Sin embargo, el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva, aseguró ayer que España está “mejor preparada” para afrontar una catástrofe como la del Prestige. A preguntas de los periodistas, tras firmar el protocolo que activa el Plan de Vialidad Invernal, Villanueva se mostró convencido de en materia de coordinación en emergencias “se mejoró de una manera muy importante”. Así, admitió que el Prestige sirvió de “experiencia” y que eso ha supuesto que “todos estemos mejor preparados”.

Ahora, y a la espera de que se concrete el importe de las indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil con la ejecución de la sentencia, manifestó que hay que esperar en que esta cuestión se “resuelva cuanto antes”. “Y se cierre ese capítulo”, dijo.

De cumplirse las previsiones, esta semana será cuando se certifique la cantidad que cada uno de los reclamantes pudo acreditar como daño y compensaciones que irán destinadas a las administraciones que realizaron los pagos por adelantado.

Y es que las facturas siguen sin pagarse, todo sigue a la espera de la Audiencia Provincial que, por orden del Supremo, debe fijar las indemnizaciones.

el gobierno, a la espera La resolución de la Audiencia de A Coruña es esperada, sobre todo, por el Gobierno central. El Estado, entre los decretos de indemnización para pagar a empresas, municipios, sectores afectados y miles de marines, además de todos los gastos derivados de la limpieza y la gestión de la catástrofe, ya desembolsó más de 1.000 millones de euros según recogen algunas estimaciones.

A cerca de 20.000 afectados, el Estado ya les había adelantado las indemnizaciones y ahora tendrá que ser compensado por estos pagos y por los gastos derivados de la catástrofe. El FIDAC (Fondo Internacional para la Indemnización de Daños Causados por los Hidrocarburos) aportó más de 170 millones (el máximo posible) con lo que se pagó a muchos de los perjudicados. Además, están los 22 millones de euros consignados por la aseguradora en el juzgado de Corcubión al comienzo de todo el proceso. - DNA