Gasteiz - Medio centenar de ayuntamientos de todo el Estado español, entre ellos el de Gasteiz, se han unido y han reclamado un listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica para solicitar su restitución en los casos en los que no exista título de propiedad justificado.

Reunidos en la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia, ayuntamientos de diez comunidades autónomas han denunciado la “apropiación masiva” de bienes de dominio público por la Iglesia al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que fue derogado en 2015 por el Gobierno del PP, ante la enorme presión ciudadana y sus evidentes visos de inconstitucionalidad.

En un comunicado, los municipios subrayan que las iniciativas se han producido en capitales de provincias de todo el territorio, entre ellas Oviedo, Segovia, Córdoba, Santa Cruz de Tenerife, Araba, Zaragoza, Salamanca, Almería, Málaga o León, aunque reconocen que en algunas de ellas las peticiones no han prosperado al no contar con apoyos suficientes.

La Iglesia católica -denuncian- ha registrado a su nombre más de 40.000 bienes, muchos de ellos de dominio público o titularidad municipal, “gracias a un subterfugio jurídico que le permitía inmatricular inmuebles sin aportar títulos de propiedad como si se tratara de un funcionario del Estado”.

“La movilización ciudadana ha logrado destapar este monumental escándalo patrimonial y llevarlo a los plenos municipales, los parlamentos autonómicos, el Congreso de los Diputados y la Eurocámara”, afirman.

litigios ganados Como consecuencia de ello -aseguran- al menos una quincena de ayuntamientos han puesto en marcha litigios judiciales para impugnar la inmatriculación de bienes, como la Catedral de Zaragoza, las murallas de Artá (Baleares), las tres ermitas de Sangüesa (Navarra), la Ermita de Iguacel (Jaca) o la Plaza del Pocito (Córdoba). En algunos casos se han logrado ya sentencias favorables, como en las ermitas de Otxagabia, Aranda de Duero y San Mateo de Gállego (Zaragoza), y la restitución del parque público Chao Rego en Ferrol, señalan.

Meses atrás esta coordinadora también llevó al Congreso de los Diputados la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que estimó nulas las inmatriculaciones practicadas por la Iglesia Católica. El fallo tuvo lugar el 20 de diciembre de 2016 y condena al Estado español a indemnizar a una sociedad particular por tolerar la apropiación por parte del Obispado de Palencia de un templo de su propiedad. La sentencia constituye un “hito jurídico de extraordinaria importancia en la reivindicación de los bienes inmatriculados por la jerarquía católica”, a juicio de la Coordinadora Estatal, y representa un varapalo sin precedentes contra el privilegio registral de los obispos y la pasividad del Estado hacia la apropiación de miles de inmuebles, entre ellos la Mezquita Catedral de Córdoba.

En su sentencia, el Tribunal de Estrasburgo impuso una indemnización al Estado español de 600.000 euros por no haber protegido el derecho a la propiedad de la Sociedad Ucieza, que en 1978 había adquirido una finca de regadío que incluía bienes de un antiguo monasterio desamortizado. - Efe/DNA