“Hay que regular la gestación subrogada para evitar la explotación de las mujeres pobres”

¿Se sabe cuántas personas contratan a una madre de alquiler en el extranjero?

-No hay registros, pero se calcula que la reproducción asistida por madre subrogada ha superado ya el número de adopciones en España. En el 2016 prácticamente se hicieron unas 1.000 inscripciones en el Registro Civil de niños nacidos con esta práctica, mientras que las adopciones fueron unas 800.

¿Podría decirse que ahora mismo existe un limbo legal?

-Yo diría que existe un vacío sobrevenido de ley. Lo único que dice es que los contratos de maternidad subrogada son nulos y que el nacido de ese contrato se inscribirá siempre a nombre de la mujer que da a luz, pero en la práctica lo que se hace es contratar a una gestante a través de un intermediario fuera de España, en países donde es legal o no está regulado en absoluto, piden que se inscriba en el registro consular y de ahí se le traslada al Registro Civil. Es una práctica muy dudosa porque, a pesar de que la Dirección General de Registros lo admite, el Supremo dice que es una práctica prohibida y que es contraria al orden público.

Entiendo que considera conveniente que se legisle específicamente sobre este asunto.

-La práctica ha superado a la ley y hay que regularlo. No se puede poner a los jueces ante un hecho consumado, deben tener una regulación a la que atenerse. Tampoco se puede inscribir a un hijo sorteando una prohibición por una vía de hecho, apelando al interés del nacido. Esto genera muchísima inseguridad a todas las partes. Creo que sería importantísimo regular para que haya unas garantías, pero también para evitar la explotación de las mujeres pobres. En algunos países como Estados Unidos o Rusia, hace ya algún tiempo que la maternidad subrogada es un formidable negocio para las clínicas y para los intermediarios, tal y como está ocurriendo en España con la donación de óvulos.

En la actualidad existen tres países europeos en los que esta práctica está regulada: Gran Bretaña, Grecia y, recientemente, Portugal. ¿Cómo ha evolucionado la situación después de aprobarse la ley?

-El país que cuenta con más tradición en este sentido es Gran Bretaña, y allí tanto en la donación de óvulos como en la maternidad subrogada se ha seguido el criterio de que son las propias mujeres voluntariamente y sin ánimo de lucro las que se van a ofrecer a esta práctica. En los últimos años se ha permitido también que las parejas homosexuales accedan y se permite también que la mujer gestante decida sobre la entrega o no del nacido. Evidentemente las parejas que no han encontrado a una mujer dispuesta a gestar al nacido lo han seguido intentando fuera, pero la inscripción de estos nacidos está prohibida y se hace al margen de la ley, recurriendo al tribunal de Estrasburgo para que condene a estos países a inscribir en interés del hijo.

¿Son frecuentes los casos de madres gestantes que no quieren entregar al bebé y entran en litigios con la familia?

-Aquí ha habido varios casos en los que se ha denegado la inscripción del registro porque en los países donde se había gestado el bebé no estaba regulada la práctica o no se admitía para extranjeros. Por otra parte, ha habido también casos muy duros donde parejas que han contratado a una mujer gestante, cuando han sabido que el hijo tenía un Síndrome de Down, se han negado a recibirlo al considerar que eso no era lo que ellos habían pedido. Este proceso es extraordinariamente conflictivo. De hecho, la ley de reproducción asistida tiene mucho que ver con un caso famosísimo que sucedió en Estados Unidos al mismo tiempo que se estaba preparando: el caso Baby M.

Explíquelo, por favor.

-Se trataba de una pareja americana en la que ella no podía gestar. A través de una donación de óvulos y del semen del marido contactaron con una americana que gestó el embrión y dio a luz, pero se negó a entregar a la criatura y se fugó. El juez consideró que, puesto que había un contrato por escrito, había que cumplirlo y estaba obligada a entregar al bebé. Es una tradición completamente opuesta a la europea. Aquí tenemos una convención de derechos humanos que condena la comercialización del cuerpo, no se puede admitir una ley que regule el pago a mujeres gestantes porque sería condenada por el tribunal de Estrasburgo por ser contraria a la dignidad humana. En Estados Unidos ocurre lo contrario. Cuando se les pregunta a estas mujeres por qué lo hacen suelen responder que para ayudar a mujeres que no pueden tener hijos, pero si les planteas si lo harían si no les pagasen, la respuesta siempre es no.

¿Cuánto se paga desde aquí por un vientre de alquiler en otro país?

-Depende del país y de las garantías que se ofrezcan. En California, por ejemplo, suele costar de 150.000 a 200.000 euros con el asesoramiento legal incluido. En Grecia, sin embargo, la regulación establece un límite de 12.000 en lo que pueden cobrar las gestantes, y hasta hace poco se podía hacer en India por 50.000 euros o menos, pero se prohibió porque consideraron que se estaba explotando a sus mujeres.

¿Considera que si se garantizase que no fuese un proceso lucrativo daría acceso a familias menos pudientes económicamente?

-La realidad ahora es que esto es una manera de tener hijos para la gente que puede pagarlo, y esto no entra dentro de nuestros parámetros y valores. El hecho de poder ofrecer una maternidad subrogada con garantías e indicaciones terapéuticas podría incluso llevar a que entrase dentro de las prestaciones de la Seguridad Social.