madrid - Todos los grupos del Congreso mostraron su respaldo a modificar el Código Penal con el objetivo de agravar las penas de las imprudencias al volante, en especial las derivadas del exceso de velocidad y el consumo de alcohol y drogas, y para que sea delito el abandono del conductor después de causar un accidente.

La intención, según explicó el diputado del PP Pablo Matos, es unificar la valoración de imprudencia grave en un accidente de tráfico, porque, ahora, es el juez de forma individual quien decide si la imprudencia es grave, menos grave o leve, de acuerdo con las circunstancias concurrentes en el hecho. Así, con estos cambios cualquier conducción que atente contra la integridad de las personas, cometiendo un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad o cuando se hace bajo la influencia de drogas o del alcohol, “siempre” será imprudencia grave y “no cabrá margen de interpretación”.

Por otra parte, abre la posibilidad de permitir al juez que pueda elevar la pena por encima del máximo actual en los casos de imprudencias graves con resultado de varias víctimas, de forma que en el supuesto de un conductor que como resultado de un atropello a un grupo de peatones o ciclistas cause varios muertos, pueda imponérsele una pena de hasta nueve años de prisión, frente a la legislación actual, que establece una condena máxima de cuatro años de cárcel.

Matos explicó también, que esta propuesta introduce la eliminación de la regla por la que con el Código Penal actual, cuando un conductor comete un delito contra la seguridad vial que además produce resultados lesivos o muerte, sólo es castigado por la infracción más grave. Con la reforma, se posibilitaría que todas las infracciones del conductor previas al accidente se puedan sancionar de forma independiente, permitiendo una mayor pena si concurren las circunstancias para hacerlo. También se introduce el delito de abandono del lugar del accidente cuando hubiera previsiblemente víctimas graves o mortales. Se pena además, el abandono aunque el conductor implicado nada pueda hacer por la víctima que hubiera fallecido y por tanto no pueda socorrerla, al considerar que se trata de una conducta dolosa e independiente del delito imprudente previo. Se sanciona así la maldad intrínseca al abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o fallecido.

Durante el debate, en el que la protagonista fue Ana González, impulsora de esta modificación después del fallecimiento de su marido atropellado por un camión, la oposición dio de forma unánime su apoyo a la tramitación de esta ley, aunque en su mayoría también se habló de que se harán cambios en el texto.

Desde el PSOE, su portavoz en materia de Seguridad Vial, Pablo Bellido, señaló que esta reforma “no va a abordar el problema principal que trajo la despenalización de la imprudencia leve de la reforma del Código Penal de 2015” que es, la “desprotección” de las víctimas frente a las aseguradoras.

En este sentido también se ha pronunció la portavoz de Unidos Podemos, Rosa Martínez, quien propuso tres modificaciones jurídicas además de esta ley: un procedimiento especial para reclamación de daños y perjuicios de accidentes de tráfico; revisar el sistema de valoración de daños; y revisar la ley del contrato de seguros. Su homóloga de Ciudadanos en materia se Seguridad Vial, Irene Rivera, también reconoció que “hay mucho que modificar” porque es “una ley sacada a la carrera”. Desde PDeCAT, PNV y ERC también mostraron su apoyo a este texto, aunque reconocieron que no están de acuerdo con la solución del endurecimiento punitivo. - E.P./Efe