Gasteiz - El Ararteko volvió a denunciar ayer que el exceso de “celo” de Lanbide y su interpretación “demasiado estricta” de la normativa sobre la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), lo que genera demoras y otros problemas en la tramitación de estas prestaciones. Manu Lezertua presentó en el Parlamento Vasco el informe de la actividad desarrollada en 2016 por el Defensor del Pueblo de Euskadi, que ya fue dado a conocer el pasado mes de marzo. El estudio indica que el Ararteko recibió 8.171 quejas de ciudadanos contra decisiones adoptadas por las distintas administraciones de la CAV, a las que esta institución se encarga de controlar. Casi 800 reclamaciones estuvieron relacionadas con los distintos instrumentos y prestaciones relacionadas con la lucha contra la exclusión social, como la RGI o la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV).

En su intervención en el Parlamento, Lezertua destacó la importancia del sistema vasco de protección social, del que recordó que contribuye a mantener las tasas de pobreza en cifras más bajas que las del resto del Estado y de la Unión Europea. El Ararteko subrayó que las prestaciones que existen en Euskadi contribuyen a combatir la “exclusión” y a dotar de una mayor “cohesión” a la sociedad.

No obstante, reconoció que sigue existiendo un número “muy elevado” de quejas de ciudadanos afectados por demoras en la tramitación de sus solicitudes de la RGI o de beneficiarios a los que se reduce o se retira esta prestación. A su juicio, es necesario “mejorar y adecuar” la información que se ofrece a los ciudadanos sobre los requisitos de acceso a estas ayudas y sobre las “obligaciones” en las que incurren a la hora de recibirlas.

Lezertua también se refirió a las conclusiones del informe que presentó el pasado mes de abril sobre la gestión de la RGI y la PCV. En aquel estudio, el Ararteko reclamaba que se modifique la normativa que regula la Renta de Garantía de Ingresos, con el fin de incorporar el criterio de “proporcionalidad” en el sistema. El objetivo, según esta institución, es que las personas en situación de necesidad y que reúnen los requisitos para recibir estas prestaciones no queden excluidas de las mismas por conductas que responden a “descuidos”, más que a “incumplimientos” de las condiciones exigidas.

“Exhaustividad” En su comparecencia, Lezertua reiteró que Lanbide, “en ocasiones”, revisa con “demasiado celo y exhaustividad excesivos” el cumplimiento de los requisitos por parte de los preceptores de las ayudas sociales. Esta “escrupulosa” revisión de los expedientes -advirtió- genera “dilaciones y retrasos” en la tramitación de las peticiones de ayudas. En su opinión, existe un margen “importante” de mejora en lo que se refiere a los plazos, la resolución de quejas y la aportación de información por parte de Lanbide a las personas que reciben o estas ayudas.

El año pasado, el Ararteko realizó 10.958 actuaciones relacionadas con las distintas esferas de actividad de las administraciones de Euskadi, lo que supone un incremento del 23% respecto al año anterior. - E. Press