BILBAO. En el caso de Bizkaia, desde el próximo día 1 de junio el juzgado de Primera Instancia 11 de Bilbao será el competente para resolver los 1.250 casos que se prevén en este territorio. Para ello, contará con un juez de refuerzo, un letrado y cuatro funcionarios más que estarán ubicados en un espacio separado del juzgado propiamente dicho. Durante el primer mes se compatibilizará la atención al juzgado con la formación.
Por el contrario, los juzgados asignados en Gasteiz y Donostia entrarán en funcionamiento el 1 de julio porque van a dedicar el primer mes a la formación.
En la capital guipuzcoana, el Juzgado de Primera Instancia 8 se verá reforzado con un juez y dos funcionarios para resolver una cifra aproximada a los 900 casos que se esperan en Gipuzkoa. Del mismo modo, en Vitoria-Gasteiz el Juzgado de Primera Instancia 5, se reforzará con un juez y dos funcionarios para resolver los más de 400 casos que se prevén.
Esta primera previsión se ha hecho para seis meses y, en caso de que sea necesario, se podría contar con otros dos jueces más de refuerzo. En el caso del País Vasco, de no haberse concentrado la competencia en estos tres juzgados provinciales, las causas se repartirían en 63 juzgados, ha explicado el TSJPV.
54 JUGADOS EN EL ESTADO
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó este pasado jueves la especialización de un total de 54 juzgados de Primera Instancia, uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear, que conocerán, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.
Según ha explicado el CGPJ, de este modo se lleva a efecto el plan de urgencia en el que empezó a trabajar el pasado mes de febrero para hacer frente al previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo. El plan estará inicialmente en vigor del 1 de junio al 31 de diciembre de 2017, pero podrá prorrogarse en caso necesario.
