Gasteiz - Las quejas presentadas por los vascos ante la oficina del Ararteko se han incrementado un 70% desde el inicio de la crisis, especialmente por el “gran peso” de las relativas a las prestaciones sociales. El Ararteko Manuel Lezertua entregaba ayer a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, el informe anual de actuaciones correspondiente a 2016, ejercicio en el que la institución realizó un total de 10.958 actuaciones, lo que supone un incremento del 23% respecto a 2015.

De estas actuaciones, 8.171 fueron quejas ciudadanas, lo que constata, según Lezertua, que respecto a 2010, año “en el que se comenzaron a visibilizar los efectos más graves de la crisis”, se ha producido un incremento del 70%, fundamentalmente por las prestaciones económicas de carácter social. “Estamos algo desbordados por el incremento de las quejas y consultas presentadas por los ciudadanos que alcanzan las ocho mil doscientas”, reconoció.

El año pasado aumentaron las reclamaciones relacionadas con los dispositivos de lucha contra la exclusión social: 790 frente a las 755 de 2015, y de ellas el 96% se referían a problemas vinculados con “el mal funcionamiento de Lanbide” y a su gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda.

Lezertua recordó que la RGI, fundamentalmente, ha sido un “instrumento muy poderoso” para paliar la pobreza en Euskadi y que ha contribuido a que la CAV esté por debajo de la media estatal y europea en los índices de pobreza. La “solidaridad de los vascos”, dijo, ha posibilitado que no hayan caído en la exclusión un “número importante” de personas, entre ellas niños, y que, pese a las quejas, el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide ha logrado unos relevantes “progresos” para mejorar en la gestión de la RGI.

Diagnóstico En cualquier caso, anunció que en breve presentará a la consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, un informe “diagnóstico” sobre la experiencia del Ararteko la pasada legislatura en la gestión de la RGI, una prestación sobre la que está prevista una reforma integral por parte del Ejecutivo vasco. Lezertua explicó que el grueso de las quejas hacen referencia a ingresos indebidos y a cómo afecta a la concesión de la RGI ingresos atípicos de los solicitantes, como herencias.

A preguntas de los periodistas se refirió a la decisión del Gobierno Vasco de implantar la huella digital para los usuarios de Lanbide, entre ellos a los perceptores de las ayudas sociales, y manifestó que ninguna medida que se adopte debe “estigmatizar a alguien que ya llega al sistema de alguna manera estigmatizado”. En este sentido, recordó que el planteamiento del Ejecutivo no es utilizar la huella digital como lucha contra el fraude, sino que es un planteamiento más global.

No obstante, auguró que a raíz de que se implante “seguramente” se presentarán quejas ante el Ararteko, por lo que prefería no pronunciarse sobre esta medida. Sobre el fraude en el sistema de las ayudas sociales, recordó que el propio Lanbide lo sitúa por debajo del 1%, “bastante limitado”, e insistió en que para garantizar la “sostenibilidad del sistema” hay que actuar contra él. - Efe