MADRID. Los nuevos imputados han comparecido en las dependencias judiciales y se han negado a prestar declaración, han precisado las mismas fuentes.
El juez ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil rastrear la presunta comisión de irregularidades en varios proyectos estrella de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, en el marco de la pieza secreta que investiga la supuesta financiación irregular del PP madrileño.
La nueva batería de diligencias ordenadas por el magistrado, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, ha incluido requerimientos de documentación a las Consejerías de Sanidad, Transportes y Urbanismo, la sociedad pública Áreas de Promoción Empresarial (Arpegio) y la Dirección de Justicia madrileña, concretan estas fuentes.
El objetivo, indagar en grandes iniciativas de la última etapa de Aguirre como el plan de infraestructuras sanitarias del periodo 2004 a 2007 --que incluía el desarrollo seis hospitales-- o la Ciudad de la Justicia lanzada por Aguirre en el 2005 y que, tras quedar paralizada por la crisis, fue recuperada en 2014 por su sucesor en el cargo, Ignacio González.
Otro de los proyectos investigado es la ampliación de líneas de Metro y su inauguración en 2007, ante las sospechas de que una de las empresas de la trama Púnica, Waiter Music, se beneficiara de la adjudicación irregular de las fiestas de inauguración de estas extensiones. Los agentes han puesto el foco en las partidas de publicidad asignadas a estos proyectos.
En esta nueva fase en la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid, pieza de la trama Púnica que mantiene bajo secreto, el juez Velasco ha iniciado una batería de interrogatorios que abrió este miércoles un nuevo imputado en esta pieza, el exconsejero de Transportes José Ignacio Echeverría. También han comparecido en la Audiencia Nacional el empresario Arturo Fernández y el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, que ya fueron investigados hace meses.
"POTENTES INDICIOS"
El magistrado, que reflejó hace meses en un auto que dispone de "potentes indicios y datos objetivos" de que el exsecretario general de la formación Francisco Granados "recibió dinero para la posible financiación del PP", ha ordenado una nueva tanda de registros y requerimientos de información que abarcan, además de las citadas sedes oficiales, distintas empresas y domicilios.
La nueva fase se inicia tras el estudio de la "ingente cantidad de documentación tanto en soporte físico como digital", que fue intervenida en los anteriores registros practicados, entre ellos el de la sede regional de la formación en la calle Génova de Madrid.
En la pieza, el juez mantiene imputados por presuntos delitos de cohecho y blanqueo de capitales, al exgerente del partido regional Beltrán Gutiérrez, y el empresario Javier López Madrid, además de al propio Granados y su socio David Marjaliza. Según documentos incluidos en el sumario de la trama, Granados reflejó en una de las páginas de su libreta unos pagos al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez de hasta dos millones de euros.
