Madrid - El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) quiere adelantar al 1 de enero de 2018 la prohibición de que los comercios distribuyan bolsas gratuitamente. Además, incrementará el precio que algunos comercios ya cobran para aquellos consumidores que las solicitan.

Así consta en un proyecto de Real Decreto que prepara para adaptar una directiva europea sobre reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras. El proyecto recoge que a partir del 1 de enero de 2018, queda prohibida la entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico en los puntos de venta. Asimismo, establece que los comerciantes cobrarán una cantidad (desde un mínimo de 5 hasta un máximo de 30 céntimos en función de las características y usos) por cada bolsa que proporcionen al consumidor.

En todo caso, quedan excluidas de esta prohibición, y podrán entregarse de manera gratuita las bolsas de plástico muy ligeras que sean necesarias por razones de higiene o que se utilicen como envase primario para contener alimentos a granel a efectos de prevenir el desperdicio alimentario. Además, el texto recoge que también a partir del 1 de enero de 2018, queda prohibida la comercialización de bolsas de plástico ligeras oxodegradables (se desintegran en cualquier ambiente, interno o externo, en el que haya oxígeno sin necesidad de agua).

El Gobierno español deberá llevar a cabo campañas de sensibilización al menos en el primer año desde la entrada de vigor de esta medida y cumplir con las obligaciones europeas de marcado de las bolsas compostables, así como el procedimiento para la obtención de información en materia de bolsas al objeto de poder cumplir con la obligación periódica de suministro de datos a la Comisión Europea.

Mayores costes Esta disposición, claro está, también tendrá un impacto en la economía; se prevé que además, sea en un doble sentido. Por una parte, señala que la gestión del Registro de Productores de Producto, que gestionará el MAPAMA y la realización, de forma obligatoria, de campañas de sensibilización suponen un gasto que deberá ser asumido por los Presupuestos Generales del Estado. En cuanto al impacto presupuestario en las comunidades -y entidades locales en su caso- señala que sólo se producirá en lo que respecta a la realización de las campañas de sensibilización.

Por otro lado, el MAPAMA señala que la mayoría de las empresas del sector de la distribución está ya cobrando un precio por la bolsa de plástico que oscila entre 0.01 céntimo de euro y 0.05 según el tamaño de la bolsa (se considera que estos precios incluyen el coste de fabricación). El proyecto de Real Decreto supone un incremento de coste desde estos precios, que serán asumidos por el consumidor y que tienen como objetivo un “efecto disuasorio”. Por ello, precisa que el impacto económico en el consumidor se irá reduciendo conforme reduzca su consumo de bolsas.

En cualquier caso, basándose en los datos facilitados por el sector sobre el consumo de bolsas en el año 2014, el gasto se incrementaría aproximadamente en 788 millones de euros si se mantuviera el nivel de 2014, último dato disponible. No obstante, se espera que el gasto asociado al consumo se reduzca paulatinamente. - E.P.